Familiares de la periodista de Venevisión, intérprete de señales para sordos, Adriana Urquiola, que murió cuando pasaba por una zona donde había una protesta en Los Teques convocaron a una marcha este domingo para pedir por la paz en el país, sin hacer distingo de bandos políticos.
«Es la primera vez que tomo un micrófono para dar declaraciones. He tenido mucha prudencia dado que el momento histórico que vive el país es delicadísimo», dijo llorando ante las cámaras de televisión Manuela Pérez, madre de Adriana Urquiola. «Porque nuestra intención en todo momento es llevar un mensaje de paz».
Agregó que no desea que con estos actos parezca que se «está castigando, culpabilizando o vetando a ninguno de los dos bandos».
Pérez hizo un llamado a sus compatriotas: «Que vengan todos los colores, que vengan a dar manifestaciones de amor, tal vez suene romántico, pero es hora de parar».
«Venezuela es una sola y no le pertenece a nadie, Venezuela es de todos», agregó Pérez.
Pedro Poleo, representante de la Confederación Venezolana de Sordos, convocó a personas con disminución auditiva y sus familiares a las actividades para conmemorar a Urquiola y a favor de la paz en el país.
Opositores y universitarios, esencialmente de clase media, protagonizan casi a diario protestas callejeras y barricadas contra la galopante inflación _que en febrero alcanzó una tasa anualizada de 57,3%_, la escasez de bienes básicos y la creciente criminalidad.
Algunas de estas manifestaciones terminan en enfrentamientos violentos entre pequeños grupos y fuerzas del orden o simpatizantes del gobierno.
El presidente Nicolás Maduro considera estas movilizaciones parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado en acuerdo con grupos de poder en Estados Unidos.
Esta es la primera crisis grave que enfrenta el mandatario, de 51 años, desde que asumió el gobierno en abril de 2013 tras la muerte del presidente Hugo Chávez.
La fiscal general Luisa Ortega Díaz informó esta semana que durante los incidentes violentos fueron detenidas 168 personas a las que se les abrió proceso judicial, entre ellas 17 funcionarios o uniformados.
El Ministerio Público investiga 81 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos, precisó la funcionaria.
