Revisar el cobro en dólares de servicios aeroportuarios para extranjeros, establecido en la Gaceta Oficial N° 40.368, pidió al Ejecutivo el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela, (Alav), Humberto Figuera.
En su conversación con los periodistas, en conferencia de prensa, recordó que la moneda oficial venezolana es el bolívar y el manejo de la política monetaria le corresponde al Banco Central de Venezuela (BCV).
Aseguró que estaríamos en presencia de una terrible anarquía jurídica, si cada organismo que tiene que cobrar una tasa, estableciera que esa tasa va a ser pagada en una moneda distinta a la moneda de curso legal.
Solicitó al Gobierno que corrija la resolución y que se revise estrictamente al amparo de las instituciones legales y constitucionales que rigen en el país.
Hizo referencia a la elaboración de un documento por parte de la organización que preside, el cual será elevado a la consideración del Ministerio de Transporte Acuático y Aéreo; a la vez que señala que se deben hacer todos los esfuerzos posibles para cancelar la deuda que tiene el Estado venezolano con las distintas aerolíneas del sector.
Figuera recordó el caso de la aerolíneas Insel y Tiara Air, a quienes el Ejecutivo adeuda alrededor de US$ 25 millones y US$ 100 millones de dólares, respectivamente.
Recordó que se necesita acelerar el proceso para permitir el correcto funcionamiento de las compañías.
Otro tema al que hizo referencia, tras anunciarse este viernes, una nueva prórroga para la entrada en vigencia del Seguro de Salud y de Protección a Equipajes que deben ser adquiridos en forma obligatoria las personas nacionales o extranjeras, al momento de viajar por el país, fue a esta materia.
-Aplaudimos la idea de que se exija un servicio médico pero siempre fue nuestra recomendación que se respete la libre competencia y que se le permita a los usuarios escoger al proveedor-, aseguró.
Como se recordará, una de las críticas que se formuló a esta medida, es que una sola empresa ha sido facultada para la expedición de los seguros, lo cual viola el derecho del consumidor a escoger.
