La Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, indicó que «la no impunidad es la garantía de paz para toda la población».
«Estamos castigando las acciones policiales desproporcionadas», dijo la funcionaria.
Indicó que actualmente hay tres casos atribuibles a organismos policiales. Además, aseguró que la Defensoría ha recibido 757 actuaciones en todo el país de violación de Derechos Humanos, » de estas actuaciones estamos hablando un poco más de 400 quejas o denuncias, porque no siempre son maltratos físicos, también se reportan maltratos verbales, amenazas y conductas inapropiadas cuando las personas son aprehendidas».
«Lo que queremos dejar muy claro es que esto será trabajado de manera impecable y los funcionarios involucrados serán sancionados, y por la parte de la sociedad tener esa confianza en que el Estado está atendiendo estos temas y que se debe promover un respeto por toda la actuación de los cuerpos institucionales, como la Defensoría y Fiscalía, y también por quienes brindan seguridad porque quien se desvíe será corregido», señaló.
En relación con el caso del funcionario del Sebin que fue identificado como responsable de los asesinatos de Bassil Alejandro Dacosta y Juan Montoya el día 12 de febrero en el centro de Caracas.
«(Identificación del funcionario del Sebin) muestra una disposición del Estado de llegar a la verdad hasta sus últimas consecuencias», dijo.
Agregó que no existe ningún compromiso con funcionarios que se hayan apartado del cauce constitucional.
«Quien sea que haya cometido el delito va a tener que pagar ante la justicia y el pueblo venezolano por el crimen, homicidio o el daño que haya cometido», sentenció.
Anunció que la Fiscal General informará datos de algunas investigaciones este viernes.
Precisó que no maneja información del supuesto secuestro y canje de un funcionario militar por estudiantes que habían sido detenidos en el estado Táchira.
Hizo referencia a la reunión sostenida este jueves con el Comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Vladimir Padrino López que se concentró en el uso proporcional y progresivo de la fuerza física.
Indicó que las legislaciones del nuevo modelo policial no aplican para el componente militar. Sin embargo, la Guardia del Pueblo y el componente militar han prestado apoyo en seguridad en sectores civiles en la ciudad.
Buscaban formar a los funcionarios en Derechos Humanos, en mediación.
