La coalición sindical Sinvemal, Fenatev y Sumalara movilizó a educadores, jubilados y pensionados de la educación estadal hasta la sede del Palacio Legislativo, para entregar a la Comisión de Presupuesto y Finanzas del Consejo Legislativo un documento mediante el cual se rechaza la manera “arbitraria” como el gobernador del estado, Henri Falcón, desconoce la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo de la Región que ampara al sector educativo en su reclamo reivindicativo.
A la reunión con el diputado Johnny Narváez y demás integrantes de la mencionada comisión estuvieron presentes Hilda Peña, de Sinvemal; Manuel Galíndez, de Fenatev; Orlando Herrera y Ricardo Rojas, de Sumalara.
Este último, al hablar con los periodistas, manifestó que desde las siete de la mañana comenzaron a concentrarse los afectados porque el mandatario regional preten-de eliminar las primas por conceptos de 50 por ciento de homologación, ruralidad, por hogar, hijos, escalafón, muchas de las cuales son derechos adquiridos desde hace treinta años.
No entendemos cómo un abogado de la República, constituyente y gobernante, que está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitutición que él contribuyó a elaborar, se atreva a desconocer la decisión de un tribunal competente, expuso. Esto constituye una aberración y como tal, repudiable, porque no está dando ejemplo de civilidad sino demostración de arbitrariedad.
El gobernador no puede estar violando disposiciones legales porque él sabe que lo más sagrado que tiene un país es la justicia.
No podemos comprender que una persona que viene del pueblo, que dice trabajar por el pueblo, a la hora de la verdad le niegue los derechos que tienen los formadores de las nuevas generaciones como son los educadores.
Cuando los países desarrollados hacen gala de su educación, porque es la que permite precisamente avanzar, en Lara ocurre un fenómeno que da pena, porque si como pregona Falcón su proyecto es hacer de este estado un modelo de progresismo, lo que está demostrando con su actitud es que vamos hacia la época de las cavernas.
Lo que no quiere el gobernador es pagar los salarios de acuerdo con el contrato colectivo, ya que el salario mínimo está fijado en 3.028 y a ese monto deben agregarse las primas del 50 por ciento lo cual hace el salario integral.
Cuando se habla de salario integral, éste debe ser igual al que perciben los educadores nacionales.
Conviene señalar que ese salario depende de la tabla de clasificación que existe en el país y, por tanto, no es uniforme. Esperamos que la Comisión actúe apegada a la ley.
