Una iniciativa de la Defensoría del Pueblo, de reunir a los representantes de la academia y a la Asociación Civil Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), así como a organismos vinculados directamente al bienestar de los ciudadanos, se concretó ayer en una mesa de diálogo.
Elba Rodil, delegada regional de la DP, declaró que dados los recientes hechos de violencia en la ciudad, “era necesario propiciar el diálogo”. Expresó que actualmente tienen 25 casos de presuntas violaciones de derechos humanos; y otras 200 denuncias en rechazo al uso de barricadas.
Aclaró que la mayoría de denuncias, no corresponden a estudiantes, sin embargo, “todas por igual, son atendidas sin ningún tipo de coacción”. En los próximos días acordaron un nuevo encuentro, en el cual participarán los cuerpos de seguridad.
Mientras tanto, Manuel Virgüez por Funpaz, explicó que ayer en la Defesoría del Pueblo, introdujeron un manifiesto que solicita en primer lugar, el acceso de los abogados defensores, a los sitios de reclusión de los detenidos. Objetó que la ONG que representa tiene un registro de los detenidos y, al menos, un 65% sí son estudiantes.
Asimismo, solicitan que sean detenidos aquellos “infiltrados” en las manifestaciones que ocasionan destrozos a inmuebles y, peor aún, atentan contra la vida de las personas, participantes o no de las protestas.
“Que existan garantías para las personas e instituciones”.
En representación de la academía, Rita Áñez, rectora de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), exhortó a los organismos competentes a velar por la integridad de estudiantes, personal de las universidades y también por el cuidado de las casas de estudios.
Recordó los destrozos que sufrió el núcleo de la Unexpo, Carora; y el Decanato de Ciencias y Tecnología de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA). Con respecto a reanudar las clases, mencionó que antes es necesario establecer las garantías para las personas e instituciones.
“Son falsas las acusaciones contra la Guardia Nacional”
Por su parte, Octavio Chacón, comandante del Core 4 de la Guardia Nacional, negó que existan atropellos o abusos por parte de efectivos militares. Expresó que, desde el Presidente, se giran instrucciones a los funcionarios para que sean respetuosos de los derechos humanos.
También calificó de falsos los señalamientos de algunas personas, residentes del municipio Palavecino y del este de la ciudad, que denuncian a militares de entrar a los urbanismos a “sembrar pánico”. En todo caso, dijo, si tienen alguna denuncia deberán dirigirse al Ministerio Público.
