Las fuerzas armadas, la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela reafirmaron su apoyo al presidente Nicolás Maduro en tanto que endurecieron su respuesta frente a la oposición ante las persistentes protestas en el país.
El máximo tribunal sentenció el martes al alcalde opositor de una inestable ciudad fronteriza a un año de cárcel por no retirar las barricadas que habían colocado activistas antigubernamentales. La semana pasada, el tribunal envió a prisión a otro alcalde por los mismos motivos.
Maduro ha acusado reiteradamente a los manifestantes de intentar un golpe de estado contra su gobierno socialista a fin de derrocarlo para que no concluya su periodo como presidente en 2019.
También acusó a la oposición de ignorar su mandato después de que los candidatos progubernamentales prevalecieran en las elecciones municipales de diciembre.
El martes, Maduro dramatizó las afirmaciones de una conjura antigubernamental al anunciar que tres generales de la Fuerza Aérea fueron arrestados por tramar un golpe de estado después de que supuestamente se reunieran con miembros de la oposición.
El presidente después anunció que buscaría la pena más estricta posible para los implicados.
Diego Moya-Ocampos, analista latinoamericano en la firma IHS, dijo que los arrestos posiblemente tuvieron como objetivo enviar un mensaje a los efectivos sobre el poder que el gobierno tiene sobre los tribunales militares.
“Creo que la señal que (Maduro) quiere enviar es `tengan cuidado con el tipo de diálogo que abren, porque se arriesgan a perder sus carreras»’, expresó Moya-Ocampos desde Londres.
El miércoles había muy pocos detalles sobre los arrestos, aunque Maduro afirmó que una prominente detractora del gobierno intentó reunirse con los tres militares: Rocío San Miguel, directora de un grupo que da seguimiento al proceder de las fuerzas armadas de Venezuela.
San Miguel dijo a The Associated Press que no estaba al tanto de las acusaciones. Agregó que ningún golpe de estado contra Maduro es remotamente posible, debido al vasto incremento que ha conferido el presidente a los militares en las riendas del gobierno.
Horas después de las declaraciones de Maduro, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana emitió un firme juramento de lealtad al presidente e insistió en que se mantiene «monolítica» sin fisuras en su apoyo al mandatario.
El mando militar se comprometió a continuar la protección del pueblo de Venezuela, salvaguardar la soberanía de la patria y apoyar al presidente elegido constitucionalmente y comandante en Jefe, Nicolás Maduro.
Por su parte, la legisladora María Corina Machado, una de las figuras más prominentes de la oposición, regresó el miércoles al país desde Perú y encabezó una marcha de cientos de manifestantes por Caracas.
El partido gobernante dijo que ha despojado a Machado de su banca y de su fuero después de que presentara acusaciones contra el gobierno durante una reunión de diplomáticos regionales en Washington.
En febrero, cuando dieron inicio a las protestas, el gobierno acusó al dirigente radical de oposición Leopoldo López de incitar a la violencia; lo arrestó y éste tuvo su audiencia judicial en una cárcel militar, medida que Moya-Ocampos dijo no tenía precedentes en la historia de Venezuela.
Los detractores se quejaban de que el tutor de Maduro, el desaparecido presidente Hugo Chávez, había impuesto su voluntad en los tribunales y la legislatura en el país.
La alarma sobre la intromisión presidencial en los diversos poderes se ha incrementado desde que Maduro asumió la presidencia hace un año, pero es menos carismático que el fallecido mandatario.
Los directivos de la petrolera estatal PDVSA han demandado abiertamente apoyo para el gobierno de Maduro, los tribunales han enjuiciado a dirigentes opositores acusados de corrupción, debido a lo cual algunos se han exiliado, y los grandes medios antigubernamentales están acallados o sometidos.
Sin embargo, las más recientes medidas represivas al parecer se aplicaron de una manera inusualmente rápida.
“Cuanto más enfrente a la oposición, Maduro más se alejará de la democracia», expresó Moya-Ocampos.
