“La suspensión de la inmunidad parlamentaria de la diputada María Corina Machado y la separación de su curul tiene serios vicios de carácter legal y procesal, por cuanto parten de una norma imperfecta y además la decisión proviene de la directiva de la Asamblea Nacional, saltando una serie de procesos establecidos en la propia Constitución y las leyes de la República”, aseguró el exmagistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge Rosell.
“El artículo 149 establece que los funcionarios públicos no pueden aceptar cargos, honores o responsabilidades de gobiernos extranjeros sin el consentimiento de la Asamblea Nacional. En este sentido, el principio jurídico de tipificación estricta reza que para toda norma se debe establecer en forma perfecta su respectiva sanción, lo cual no se cumple en este caso, por lo tanto, la disposición es imperfecta”, argumentó.
En cuanto al artículo 191, que impide a los diputados aceptar cargos distintos al ejercicio de su función legislativa, Rosell apuntó que “la acreditación a Machado ante la OEA por parte de Panamá es una situación accidental, por lo tanto, queda excluida de esta disposición”. Con respecto al tema procesal, el exmagistrado destacó que “el presidente de la Asamblea Nacional se saltó todas las instancias correspondientes, convirtiéndose en juez y parte”.
“La directiva de la AN no tiene cualidad para suspender o allanar la inmunidad de un diputado. Sólo puede hacerlo el Tribunal Supremo de Justicia por solicitud de la plenaria del parlamento”, precisó. Por su parte, el abogado constitucionalista Joel Rodríguez Ramos aseguró que “Diosdado Cabello usurpa funciones que no le corresponden, por lo tanto, este acto debe ser considerado nulo de toda nulidad”.
“María Corina Machado no ha dejado de ser diputada. Su estatus de legisladora no caduca al aceptar, mediante una cortesía diplomática del Gobierno de Panamá, el ejercicio de un derecho de palabra ante la OEA”, subrayó. El jurista afirmó que “con esta acción, el Gobierno nacional está volviendo polvo cósmico el Estado de Derecho y la Constitución”.
