La Asociación de Alcaldes por Venezuela publicó un comunicado en el que denuncia la violación de todos los derechos constitucionales en Venezuela, esto a propósito de la detención y encarcelamiento de los alcaldes Daniel Ceballos (San Cristóbal) y Enzo Scarano ( San Diego).
Aquí el comunicado
A la opinión pública nacional e internacional
Ante las inconstitucionales medidas contra los alcaldes de San Cristóbal, Daniel Ceballos; y de San Diego, Enzo Scarano; así como con la diputada ante la Asamblea Nacional, María Corina Machado, la Asociación de Alcaldes por Venezuela quiere señalar que con estos procedimientos adelantados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el órgano unicameral, respectivamente, tanto el poder judicial como el legislativo, incurren en la violación de todos los derechos constitucionales, tales como el debido proceso, el derecho a la defensa, además de principios consagrados en la Carta Magna tales como descentralización, autonomía municipal y de gobiernos locales, el derecho a elegir de los ciudadanos de San Cristóbal, San Diego y de la circunscripción número 2 del Estado Miranda; y el derecho a la protesta pacífica, entre otros, así como a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Al país y al mundo entero, esta instancia que agrupa a 76 Alcaldes de diferentes municipios y tendencias políticas, electos por el voto popular el pasado 8 de diciembre de 2.013, quiere alertar que el estado de derecho en Venezuela dejó de existir hace tiempo, pues todos los poderes obedecen al Ejecutivo y el ciudadano ya no tiene a dónde acudir.
La Asociación de Alcaldes por Venezuela quiere resaltar, particularmente en el caso contra el edil de San Cristóbal, Daniel Ceballos, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha incurrido en faltas al debido proceso, pues Ceballos fue detenido el pasado miércoles 19 de marzo y no se realizó la audiencia de presentación a las 48 horas de su detención, sin dejar de mencionar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para dictar medida privativa de libertad contra Ceballos, ni contra Scarano.
El Tribunal Supremo de Justicia ha aplicado a Ceballos el mismo precedente de Scarano: un juicio sumario, en el cual se ha echado por tierra 40 años de jurisprudencia y –reiteramos- se ha violado el debido proceso. Han sido juicios en los cuales el Ministerio Público presentó testigos, sin control de pruebas. Contra el Alcalde de San Diego, el tribunal, convertido en juez y parte, lo juzgó y lo condenó con prisión de 10 meses y ordenó –como pena accesoria- su destitución, violando también el principio de la doble instancia, pues no hay posibilidad de apelación a un juez superior.
Esta Asociación de Alcaldes por Venezuela quiere hacer énfasis que sus integrantes conocen exactamente cuáles son sus funciones, contempladas en leyes, normativas y ordenanzas vigentes. Precisamente, amparados en ese marco jurídico, insistimos que respetamos el derecho a la protesta de cada uno de los habitantes de los municipios y no vamos a reprimir manifestaciones, sean legales o no, porque jamás ordenaremos a nuestras policías a que disparen contra nuestros vecinos. Sí estamos obligados a despejar las vías, cuando no haya manifestantes, y a mediar para buscar el equilibrio en los derechos de todos, tal cual como lo hemos hecho durante las últimas semanas.
En torno al caso de la diputada María Corina Machado, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y la Junta Directiva del ente legislativo actúan al margen de la Constitución e incurren en usurpación de funciones, pues no tienen competencia para cesarla del cargo. Cumplen, igualmente, con los precedentes de los diputados Richard Mardo y María Mercedes Aranguren, quienes fueron despojados de su inmunidad parlamentaria, violando todos los mecanismos constitucionales, y el debido proceso.
La Asociación de Alcaldes por Venezuela quiere enviar un mensaje a todos los ciudadanos de nuestro país, una palabra de aliento para seguir luchando. Los alcaldes no nos estamos doblegando. Y estos ilegales procedimientos de encarcelamiento y destitución en nada contribuyen con la paz que tanto dice el gobierno central promover, incluso recientemente con las llamadas Conferencias de Paz. Hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional a no caer en contradicciones, a cumplir cabalmente con un diálogo sincero y demostrar coherencia entre sus acciones y su verbo.
