Representantes de Funpaz, Foro Penal Venezolano, activistas e instituciones universitarias asistieron este lunes a la sede regional de la Defensoría del Pueblo, donde sostuvieron una reunión con la titular del organismo, Elba Yris Rodil, a fin de consignar una serie de denuncias sobre presuntas violaciones de los derechos humanos que se suscitaron durante las protestas.
Manuel Virgüez, directivo de Funpaz, informó que su visita radica en acusar la disuación aparentemente desmedida y desproporcionada por parte de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional, al igual que la violación de la autonomía universitaria.
“Estuvimos atendiendo el llamado de la defensora del Pueblo para presentar una serie de delitos, atropellos y agresiones. Durante el encuentro, coincidimos en que Venezuela está viviendo una escalada de violencia que no beneficia a nadie. Además, manifestamos nuestra preocupación por la gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. Situación que nunca hemos visto en la historia contemporánea de Venezuela”.
Explicó que la ONG consignó diez casos específicos de violaciones de los derechos desde el 12 de febrero.
“Existen casos como el del estudiante Adrián Montilla, quien fue herido de bala en el muslo derecho en las adyacencias de la 14 Brigada de Infantería; también el de Juan Torrellas, quien fue agredido en las inmediaciones del Conservatorio de Música donde recibió 30 perdigonazos en el cuerpo, y por último el caso de Juan Carlos Pereira, quien fue sometido a tratos inhumanos y degradantes en el sitio de retención en los días previos al 12 de marzo. Todos fueron presentados ante la defensora”, indicó.
Por tal sentido, las instituciones protectoras de las víctimas acordaron con la Defensoría la instalación de mesas de trabajo que iniciarán mañana miércoles, cuando esperan sentarse junto instituciones públicas y organismos de seguridad del Estado.
“Mañana esperamos hablar en específico la actuación de algunos funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, tales como: la Guardia Nacional y la Policía Nacional, los cuales consideramos que utilizan elementos de disuación desproporcionados. A su vez, plantearemos la participación de civiles armados que operan bajo la supervisión de los funcionarios”, agregó.
25 expedientes abiertos
Por su parte, Elba Yris Rodil, Defensora del Pueblo, explicó que la institución cuenta con dos modalidades para la apertura de expedientes: casos personales y casos de Oficio.
“Contamos con 25 casos de presuntas vulneraciones de derechos humanos de los cuales 5 son personales; es decir, que el ciudadano personalmente formaliza su denuncia. Sin embargo, tenemos 20 casos de oficio, los cuales proceden a través de la información que aparece en los medios de comunicación y se considera como prueba para futuras investigaciones”.
Con estas cifras, Rodil alegó que la Defensoría del Pueblo ha realizado sus funciones de manera responsable.
“Recibimos por primera vez las denuncias de un organismo, en este caso Funpaz. Durante esta semana, entraremos en un proceso de análisis y abriremos los expedientes correspondientes”, resaltó la Defensora.
Universidades consignan denuncias
Rita Áñez, rectora de la Unexpo, y Nelly Velásquez, vicerrectora académica de la UCLA, presentaron las denuncias formales sobre la presunta violación de la autonomía universitaria en sus academias, aparentemente por parte de efectivos de seguridad y grupos civiles armados. Por tal sentido, entregaron un oficio en el cual reflejan las pruebas de múltiples ataques.
Áñez, quien también es directivo de la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), opinó que “la respuesta de los organismos de seguridad ante el ejercicio de la protesta pacífica de nuestros estudiantes es desmedida, por cuanto se reportaron casos de violaciones de derechos humanos”.
“Por ello, hemos contactado con el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Educación Superior a los fines de pedir una verdadera mesa de diálogo. Primero para proteger el derecho a la protesta y exigir el respeto a los recintos académicos”, apuntó.
Por último, informó que Averu celebrará hoy una reunión nacional donde debatirán la reprogramación de los ciclos de evaluaciones en las universidades.
Protesta en sedes diplomáticas
Representantes del movimiento estudiantil venezolano se trasladaron este lunes a las embajadas de Argentina, Nicaragua, Ecuador y Brasil, con barriles de petróleo que representaban el precio de sus conciencias.
En este sentido, Carlos Vargas, representante estudiantil de la Universidad Católica Andrés Bello, criticó que la Organización de Estados Americanos (OEA) se volviera «cómplice» ante violaciones de derechos humanos que se han presentado en el país.
«La OEA ha puesto como prioridad los intereses económicos sobre la vida de los 37 venezolanos que han muerto y que al parecer al gobierno no les interesa», indicó.
Recordó que los representantes del organismo hemisférico votaron para que la sesión donde intervendría la diputada María Corina Machado fuese privada, lo que contraviene con el derecho a la información que tienen los ciudadanos en el mundo.
«Estos países no sólo votaron porque la reunión fuese privada, sino que fueron más allá de eso y una vez que los ojos del mundo no podían ver lo que pasaba, también votaron por sacar de la agenda la discusión sobre el conflicto en Venezuela”.
