La amplitud de los cinturones de pobreza ubicados en los márgenes de la ciudad, muestran la dura realidad que enfrenta el tema de la vivienda en Venezuela, cuyas causas, definidas por expertos, son referidas a la crisis económica y la poca voluntad existente en el Estado para incluir a la empresa privada en proyectos habitacionales.
El equipo reporteril visitó la comunidad de Villa Montañés, en la subida de El Manzano, pequeño asentamiento compuesto por 19 familias que decidieron ocupar ilegalmente estos terrenos para formar su hogar.
Sus vidas transcurren en reducidas piezas hechas de barro o zinc usado, sin sistemas de cloacas y servicios básicos suministrados a través de tomas clandestinas.
Lisset González, representante vecinal, aseguró que han logrado todos sus avances por medio de la organización colectiva, sin ayuda ni apoyo del poder gubernamental.
“La situación está muy difícil para el pobre, a duras penas pudimos realizar nuestras casas de barro, ya que para hacer un rancho se necesita bastante dinero”.
Explicó que actualmente cada bloque cuesta alrededor de 15 bolívares, de los cuales se requieren de 800 a 1.200 unidades para construir una pequeña casa; sumado a eso, el alto costo de los materiales y la desaparición de otros rubros representan un duro escollo para un ingreso familiar de 500 bolívares semanales.
“Además no existen ofertas de empleos dignos. Tanto mi esposo como yo estamos desempleados, y producimos poco dinero con algunos trabajos domésticos. Realmente estamos preocupados porque la situación es insostenible, a mi consideración, el venezolano tiene muchos motivos para salir a la calle y protestar”, adujo.
Misión Vivienda con poco avance
Shoymei Lau, presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, informó que en este primer trimestre “la Gran Misión Vivienda Venezuela ha entregado el 1,27% de las viviendas ofrecidas, cifras que no son muy esperanzadoras para las metas propuestas en el año”, por tanto indica que el déficit de tres millones de viviendas se mantiene en la nación.
A su juicio, el Estado debe darle apertura a la inversión privada mediante proyectos conjuntos que permitan solventar la crisis de vivienda a corto y mediano plazo.
