El alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, fue sentenciado por Nicolás Maduro el 18 de diciembre del año pasado, en un “encuentro” en Miraflores con gobernadores y alcaldes de la oposición. Ese día Maduro lo condenó. Sólo era cuestión de tiempo, para que los tribunales ratificaran su fallo.
En esa ocasión, Ceballos usó su derecho de palabra sin decir nada inapropiado. Actuó, eso sí, con una franqueza insoportable a los ojos del poder. Rebatió el señalamiento de que buscara atajos. Subrayó que su lucha era por la libertad y la democracia. Y pidió que a los mandatarios locales no afectos al Gobierno central, les fueran devueltas las competencias arrebatadas.
“Si me buscó me encontró”, le enrostraría, amenazante, un Maduro iracundo, fuera de sí. Apenas tres meses después se ejecuta la degollina judicial, por partida doble. En un lapso menor a las 48 horas, el alcalde de la corajuda capital tachirense, y el de San Diego (Carabobo), Enzo Scarano, acusados ambos por Maduro de todos los delitos y fechorías que caben en el Código Penal, fueron confinados a la cárcel militar de Ramo Verde, y, en el caso del último, separado de su cargo, tras una audiencia sumaria, violenta, como corresponde bajo el imperio de esta aberración en curso: al TSJ apenas le tomó ocho horas sustanciar y probar lo que ya estaba cantado de antemano, con funcionarios de la GNB como testigos en su contra. Los magistrados tenían mucho qué decidir en relación a barricadas y protestas, pero muy poco sobre las muertes a manos de militares, el uso de sustancias prohibidas, las torturas, el allanamiento masivo de hogares, el sanguinario festín de las tanquetas, la violación sistemática de los derechos humanos.
Lo que sigue en el guión oficial mueve a serias sospechas. ¿A qué juega realmente el Gobierno? Porque, está claro, no es así como se prepara el terreno para ningún diálogo. Una administración interesada en promover la paz no ofende ni provoca con tanta brutalidad. ¿Acaso, la táctica, macabra, apunta a mantener al país en ascuas, irreconciliable, envuelto en una zozobra de nunca acabar? ¿Es la confrontación, la tirantez sostenida, el escenario ideal para quien se sabe superior a la hora del empleo de la fuerza y el despliegue de la violencia?
Con Ceballos y Scarano, el Gobierno mata varios pájaros de un solo tiro en los arrasados campos de la democracia. Por un lado, termina de vaciar al Poder Judicial, lo pervierte aún más, partiendo de que eso sea posible. Sella a los Poderes en su complicidad, imposibilita toda expectativa de separación. Además, la institución del voto y la soberanía popular sufren una mortal puñalada, cuando Maduro, electo, según el CNE, con 50,6% de los sufragios, desconoce a dos de los candidatos opositores más votados en las elecciones locales del 8-D: Ceballos fue escogido con 67,6% de los votos y Scarano con un impresionante 75,2%, nada menos que en el “municipio modelo” de Venezuela. ¿Está en capacidad la oposición de acudir de una vez a la burla descarada de otras elecciones en San Cristóbal y San Diego, con el mismo CNE, intacto el ventajismo oficial del cual forma parte la propia remoción del ganador si no es un camarada?
Son las arbitrariedades que se suman a una cadena de ultrajes: La detención de Leopoldo López, sin más fundamento que la pública inculpación presidencial. La orden de captura contra Carlos Vecchio. La pretensión, en pleno desarrollo, de allanarle la inmunidad parlamentaria y enjuiciar a María Corina Machado (censurada en la OEA y vejada a su regreso, con inefable bajeza). Encima, las amenazas pendientes, en esta orgía de excesos que acomoda por vía judicial lo que no es posible a punta de votos, contra otros dos alcaldes: David Smolansky, de El Hatillo, y Ramón Muchacho, de Chacao. Y, a modo, de propina, el allanamiento contra el hogar de la periodista Mildred Manrique, de 2001, trasladada a Fuerte Tiuna y liberada después de que la señalaran como terrorista porque en su apartamento encontraron un chaleco antibalas, un casco y una máscara antigas, herramientas de trabajo que usa para cubrir las protestas de Altamira, parte de su pauta nocturna.
Todo esto configura un cuadro crucial, definitorio, exigente de posturas claras, firmes, sin miedo ni ambigüedades. Sabido, ya, lo que persigue el Gobierno al agitar las pasiones en una nación dividida, del lado de los demócratas no queda más opción que la de cerrar filas, y mantener la lucha, sin renunciar a los principios. Es la lección que nos da el movimiento estudiantil. Su última proclama ha marcado la pauta en ese sentido: “No negociamos nuestros derechos, no negociamos nuestro futuro”.
