Las actuaciones del Tribunal Supremo de Justicia contra los alcaldes Enzo Scarano, de San Diego, estado Carabobo; y Daniel Ceballos, de San Cristóbal, Táchira, son órdenes políticas, asienta la doctora Cecilia Sosa, ex presidenta del máximo tribunal de la República, consultada, vía telefónica, por EL IMPULSO.
En torno a la declaración del jefe del Ejecutivo Nacional, Nicolás Maduro, al referirse como ex diputada a María Corina Machado por haber ido a la sede de la OEA para denunciar la situación que se vive en el país, la profesional del Derecho considera que la Asamblea Nacional ya decidió sacarla de ese organismo y el Presidente ha reforzado esa orden.
El Gobierno no encuentra qué recurso utilizar para hacer cesar la protesta, expuso. Es por ello que ordenó a la Sala Constitucional que hiciera cesar en sus funciones a los alcaldes que no son sometidos a su política, pensando que con esta medida la gente que está protestando iba a tranquilizarse y generar calma en el país.
Pero, la fijación de esa estrategia produjo una reacción completamente contraria y además previsible, porque la decisión lo único que hace es exacerbar en la población la protesta por haber anulado su derecho de haber escogido por una mayoría a esos alcaldes.
De manera que la violación flagrante a la soberanía popular, el derecho a tener sus representantes legítimos, más bien es una decisión que afecta a la propia legitimidad del Presidente. Porque si el TSJ puede hacer cesar a un alcalde al considerar que no ha cumplido con sus obligaciones, imáginese la carga que tiene la Sala Constitucional de un Presidente que también ha vulnerado el cumplimiento de la protección de los ciudadanos al haber violado los derechos humanos. Para mí, si aplicamos ese criterio, ha cesado también el señor Maduro en sus funciones.
Sosa afirma que en estos momentos el ejercicio del poder es sin límites.
El Gobierno considera que puede hacer todo lo que quiera hacer.
Las limitaciones para el Gobierno son los que ejercen sus derechos; pero, resulta que las tiene precisamente el Gobierno para poder garantizar el derecho a los ciudadanos. Está invertida la aplicación de la Constitución.
-¿Qué opinión le merece lo dicho por Maduro de calificar como ex diputada a María Corina Machado?
-Creo que la orden ya fue dada desde la Asamblea Nacional y el Ejecutivo lo que está haciendo es reforzando esa orden. Me imagino con más delitos de los que ha señalado Sierra, de que es traidora a la patria. Esa orden está dada. Imagino que este lunes, la fiscal pedirá el allanamiento de la inmunidad y en corto tiempo será acordado, así como el cese de todo alcalde en cuyas juridicciones haya manifetaciones y pidan la renuncia de Maduro.
