La ofensiva judicial del gobierno venezolano contra la oposición, con la detención de dos alcaldes y una diputada, reactivó las protestas, que habían amainado en los últimos días y que este jueves derivaron en nuevos enfrentamientos con las fuerzas del orden en Caracas.
Las detenciones la noche del miércoles de Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal (Táchira, oeste), y Enzo Scarano, alcalde de San Diego (Carabobo, norte) se debieron a la falta de acciones de los funcionarios para prevenir los desórdenes públicos durante las protestas, dijo el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres.
Ambos fueron trasladados a la prisión militar de Ramo Verde, a las afueras de Caracas, y Scarano ya fue condenado a 10 meses de cárcel y destituido de su cargo de alcalde, para el que había sido reelecto el 8 de diciembre, agregó el ministro.
En Ramo Verde se encuentra recluido desde hace un mes el dirigente opositor Leopoldo López, acusado de incitar a la violencia en las protestas tras impulsar una estrategia bautizada como «la salida», que busca forzar la renuncia del presidente Nicolás Maduro mediante la presión de reclamos en las calles.
Tras conocerse las detenciones, estudiantes llamaron a una manifestación para este jueves en Caracas, a la que asistieron unas 3.000 personas, en su mayoría jóvenes, y que derivó en algunos enfrentamientos entre fuerzas del orden y radicales luego de tres días sin choques callejeros en Caracas, constató un equipo de la AFP.
El Consejo Nacional Electoral informó de su lado que se realizarán «nuevos comicios en el municipio de San Diego ante la detención y destitución del alcalde».
La ofensiva judicial contra opositores radicales, que contrasta con el llamado al diálogo nacional de Maduro, también tiene en la mira a la diputada María Corina Machado, otra promotora de «la salida». El martes fue acusada por la mayoría chavista del Legislativo de «instigación a delinquir, traición a la patria, terrorismo y homicidio» en las protestas.
Uso de la justicia
La oposición y varias ONG acusaron al gobierno de utilizar al poder judicial con fines políticos. «Lo ocurrido ayer con Enzo Scarano en la Sala Constitucional del TSJ (Tribunal Supremo de Justicia, ndlr) es una aberración jurídica. Usurpación de funciones, condena sin juicio», escribió en Twitter Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal.
El presidente Maduro denuncia que sus opositores promueven «un golpe de Estado», a raíz de las protestas de estudiantes y partidos políticos por la inseguridad, la escasez y la inflación y que han dejado ya 31 muertos, según cifras de la Fiscalía.
Hace varias semanas Maduro invitó a dialogar a la oposición, que condicionó su asistencia a que el gobierno cumpla demandas como la liberación de los más de 100 personas que permanecen detenidas.
«Las contradicciones (de lanzar a la vez un ofensiva judicial y una oferta de diálogo) son propios de un régimen como este, que encuentra en la represión su fuerza. La oferta de diálogo es sólo para satisfacer a su audiencia, a su gente y una cortina de humo estratégica desde lo político», explicó a la AFP Mercedes Pulido de Briceño, analista política.
A la mesa de diálogo, que consiste en reuniones periódicas con sectores sociales y económicos en varios puntos del país, han asistido sin embargo un puñado de diputados y alcaldes opositores, así como el sector empresarial.
La detención de opositores «ayuda poco a los intentos de diálogo que se vienen haciendo en Venezuela», declaró en una radio local uno de sus asistentes, Hiram Gaviria, un diputado opositor.
Protesta opositora
Unos 3.000 manifestantes, en su mayoría estudiantes universitarios, se congregaron este jueves en el municipio caraqueño de Baruta (este de la capital) para denunciar la ofensiva judicial del gobierno. La marcha terminó en algunos choques con las fuerzas del orden.
«Nos hablan de paz y siguen lanzando señales contrarias.
Ayer detuvieron a dos alcaldes, claro que es una provocación», dijo a la AFP Alejandro Solís, estudiante de ingeniería civil.
Los enfrentamientos se desataron luego de que un grupo de manifestantes intentó bloquear una transitada autopista del municipio opositor de Baruta, lo que condujo a la intervención de grupos antimotines con gases lacrimógenos y chorros de agua.
Entretanto en San Diego, cientos de simpatizantes de Scarano permanecieron hasta la madrugada reunidos en plazas públicas, y este jueves se registraron algunos destrozos y bloqueos callejeros.
Estas nuevas protestas podrían aumentar la tensión en Venezuela -que tiene las mayores reservas petroleras del mundo-, que en los últimos días había bajado de intensidad con manifestaciones más pacíficas, tras varias semanas de disturbios en varios puntos del país.
Según el ministro, las protestas contra el gobierno han amainado en los últimos días, transformándose en «dos o tres focos duros» de violencia en San Cristóbal y «solamente» uno en San Diego.
