La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, TSJ, con ponencia de la magistrada, Gladys María Gutiérrez Alvarado, presidenta del Alto Juzgado del país, acordó convocar al alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo, Vicencio Scarano Spisso y a Salvatore Lucchese Scaletta, director general de la Policía del mismo municipio, a una audiencia pública para que expliquen el presunto incumplimiento de la decisión N° 136 del 12 de marzo del presente año, mediante la cual se les ordena que dentro del marco jurídico que lo rige, y en el ámbito territorial que abarca el municipio en el cual ejerce sus competencias realicen todas las acciones y utilicen los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la Ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan, perjudiquen o alteren el libre tránsito de las personas y vehículos.
Dice la sentencia que los ciudadanos mencionados deben proceder a la inmediata remoción de tales obstáculos que hayan sido colocados en esas vías, y se mantengan las rutas y zonas adyacentes a éstas, libres de basura, residuos y escombros, así como de cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para obstaculizar la vialidad urbana y, en fin, se evite la obstrucción de las vías públicas del referido municipio.
La Sala fijó una audiencia oral y pública que será convocada oportunamente, donde tanto el Alcalde del Municipio San Diego del estado Carabobo como el director general de la Policía Municipal de San Diego deberán exponer los argumentos que puedan esgrimir en su defensa, frente al presunto desacato al Tribunal Supremo de Justicia. El TSJ ordenó notificar al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo sobre esta decisión.
Sala Constitucional del TSJ extiende medidas a otros Alcaldes
En esta misma reunión, la Sala Constitucional decidió aplicar por vía de extensión la misma medida que acordó contra los Alcaldes Gerardo Blyde y David Smolansky a los siguientes alcaldes: Ramón Muchacho, del municipio Chacao del estado Miranda, Eveling Trejo de Rosales, municipio Maracaibo del estado Zulia, Daniel Ceballos, municipio San Cristóbal del estado Táchira; Gustavo Marcano, municipio Diego Bautista Urbaneja, (Lechería) del estado Anzoátegui.
Los alcaldes a quienes se sancionan son de los municipios donde presuntamente se han cometido mayor número de hechos delictivos como homicidios, destrucción de organismos públicos y privados, destrucción del ambiente, incendio de vehículos y cierre de vías, desde que se iniciaron las manifestaciones violentas en el país.
El Tribunal Supremo de Justicia acogió así una solicitud hecha por varios organismos, entre ellos el Frente de Abogados Bolivarianos, que se convirtieron en terceros coadyuvantes.
