Los hechos del 12 de febrero y los precedentes como sucesivos, perseguirán de por vida a Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, cabezas visibles del poder en Venezuela. No podrán caminar con la conciencia liviana si acaso se detienen a considerar que, por acción u omisión, son los responsables de la muerte de 22 jóvenes, las heridas o torturas sufridas por otros 318, y la detención indiscriminada de 1.103 – a quienes se les pone luego en libertad, pero atados a la cuerda corta de una Justicia arbitraria – y quienes vivirán, no cabe duda, más allá del tiempo vital que en promedio les corresponde a sus victimarios.
El esfuerzo de los órganos del Estado para reescribir la tragedia, el deslave de violencia política que hoy padecemos los venezolanos, situando su germen en las consecuencias o rezagos de los comportamientos oficiales – las “güarimbas” o barricadas – resultará absolutamente inútil.
La realidad de las violaciones sistemáticas o generalizadas de derechos humanos quizo ocultarla el pasado militarismo latinoamericano, imponiéndole silencio a la prensa, silenciando a las víctimas, o creyendo que el paso del tiempo borra toda memoria. Y no fue así, porque la verdad es terca, y los atropellos a la dignidad humana cuando se hacen colectivos persiguen a sus responsables mientras cada víctima tenga un doliente, en su casa o en el pueblo.
Han ocurrido, ahora sí y sin lugar a dudas, verdaderos crímenes de lesa humanidad. Demandan la responsabilidad del Estado por violación de sus obligaciones en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, como el establecimiento sucesivo de las responsabilidades penales internacionales comprometidas.
Es palmaria la actuación estatal y paramilitar durante la Masacre del Día de la Juventud. De modo que se trata de hechos del Estado, originados en su comportamiento propio o asumido como tal, violatorio de la legalidad internacional sobre derechos humanos. Y si lo anterior como premisa no fuese cierto, cabe señalar que el “riesgo” que dio origen a tanta violencia fue sabido y conocido por los responsables del gobierno, por Maduro y quien de facto también lo ejerce, Cabello. Y ese “riesgo” lo aceleraron, deliberadamente.
Cabe decir que también tiraron gasolina sobre el piso al cohonestar la criminalidad desbordada, dilapidar el tesoro venezolano, llevar a la población a niveles carenciales y de racionamiento inaceptables, e hipotecar el futuro de los jóvenes manifestantes, a la vez que entregando el control del país a los cubanos.
Es de recordar que el propio Cabello, cabeza de la Asamblea Nacional, antes de ocurrir la masacre, anunció que las Unidades de Batalla Chavistas ya estaban en acción y “decididas a impedir que la derecha fascista lance sus garras sobre el pueblo”. De modo que, ante el hecho notorio conocido puso fósforo sobre el pavimento.
Ellos no podrán borrar de la memoria nacional lo esencial. Durante tres lustros, bajo la consigna de que “la revolución es pacífica pero armada”, hicieron “política de Estado” armar a la población civil, rompiendo el monopolio del Estado sobre las armas; a fin de que, llegado el caso, asegurar el avance de la revolución por las buenas o por las malas, reprimiendo a la población civil disidente, segregándola, imponiéndole incluso la muerte civil.
Allí están las reformas legislativas militares de 2005 y 2008 que crean la milicia – la llamada Guardia del Pueblo – bajo dirección operativa directa, hoy, del Presidente Maduro. Y allí están los “círculos bolivarianos” mudados en “colectivos populares”, puestos en acción por el mismo Cabello desde cuando ejerciera como ministro de la presidencia y luego como ministro del interior.
Los crímenes de lesa humanidad no son crímenes de cantidad, como el genocidio. Se trata de violaciones múltiples de derechos humanos, asesinatos, violaciones a la integridad personal o torturas, obra una “política de Estado” sistemática, dirigida contra una “población civil” a quien al paso se persigue por tener una identidad propia “fundada en motivos políticos”. Eso lo precisa el artículo 7 del Estatuto de Roma, y los responsables individuales de tales crímenes no pueden alegar el ejercicio de funciones como gobernantes o parlamentarios, según el artículo 26, y tampoco argüir que sus subalternos son los responsables, pues han ejercido sobre ellos un control efectivo pero inapropiado, como reza el artículo 28.
La Masacre del Día de la Juventud es la clara consecuencia de una política de Estado represora. Eso lo confirmó ante la comunidad internacional el propio Maduro, el pasado 14 de febrero: «Que lo sepa el mundo, estamos decididos a todo, y… profundizaríamos esta revolución hasta más allá de los límites que se han conocido», dice, para luego de ajustar ante el Mercosur que “esta revolución pacífica y democrática, quizás tomaría otro carácter, armado y profundamente revolucionario”. Su confesión es su sentencia.
