Al rechazar el allanamiento, como parte de los abusos que vienen cometiendo funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, el director general de la Alcaldía de Iribarren, abogado José Ignacio Guédez, dijo que todavía no se ha presentado el jefe que dio la orden de ocupar el sótano, las instalaciones y la azotea de la sede del poder municipal, con el fin de que explique el motivo de esa actuación ilegal.
El alcalde, Alfredo Ramos, y mi persona exigimos una explicación a los efectivos uniformados de su presencia, pero éstos lo primero que dijeron era que no sabían que estaban en la alcaldía.
Quien habló dijo ser de Guanare y cuando se le pidió que trajera al superior que había dado la orden, el grupo abandonó el lugar y todavía no ha regresado con el jefe.
Los policías habían estado presuntamente buscando material a ser utilizado en accciones violentas, pero no encontraron nada.
Nosotros aquí lo que estamos es trabajando para todos, sin excepción, expuso Guédez, quien luego se refirió al jefe militar de la 14 Brigada del Ejército, general César Figueira, como el Bohórquez 2, ya que actúa como instrumento del Partido Socialista Unido de Venezuela ante la ausencia de liderazgos en esta organización política.
Señaló que el funcionario intentó un recurso contra el alcalde Ramos relacionado con la limpieza de la ciudad, desconociendo que la alcaldesa Amalia Sáez dejó tres meses de prestar el servicio de aseo en diferentes comunidades y desde el primer día de la nueva gestión se han venido haciendo esfuerzos para recoger los desechos sólidos.
No podemos calarnos el abuso militar, dijo. Exigió a Figueira acatar la Constitución, ya que el alcalde fue electo en un proceso comicial en el cual salió derrotado Luis Bohórquez.
Lo que se debe hacer es investigar a los colectivos que, amparados por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, vienen arremetiendo contra personas indefensas y las viviendas de éstas.
En este orden de ideas pidió que se investigue el allanamiento por parte de esos grupos y de la Guardia Nacional a la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, así como la represión brutal de que son objetos los estudiantes y demás ciudadanos por ejercer el legítimo derecho constitucional de protestar.
Anunció la constitución de un equipo de abogados por parte de la Alcaldía de Iribarren, para que se ocupe de analizar todos los casos de violación de derechos humanos en la jurisdicción, porque se trata de delitos que no prescriben. El objetivo no es solamente denunciar ante las instancias locales y nacionales los hechos perpetrados, sino lograr que se imponga justicia a los responsables de estos delitos.
Pidió al gobierno nacional seguir el ejemplo de la presidenta de Brasil, que no solamente aceptó las quejas de quienes manifestaban, sino que llegó a unos acuerdos para restablecer la gobernabilidad.
