Los testimonios difundidos durante el conversatorio realizado en el salón de usos múltiples del Colegio de Abogados, dan cuenta de la flagrante violación de derechos que hoy padecen muchos venezolanos y sus familiares.
En la actividad promovida por Funpaz y auspiciada por varias organizaciones regionales, sólo se difundieron diez de los cientos de casos similares que se han registrado en el estado Lara. El abogado Rafael Narváez, dedicado a la defensa de los derechos humanos desde el año 1987, propuso a los familiares y a las víctimas la conformación del Comité de Víctimas de Represión y Tortura 12F, como organización encargada de recabar y difundir testimonios y pruebas de los casos de personas criminalizadas por participar en las protestas registradas desde esa fecha hasta la actualidad.
Como defensor de los derechos humanos, Narváez mostró su preocupación por el reiterado “uso de armas de fuego, sustancias tóxicas, gas pimienta, bombas lacrimógenas vencidas, ballenas con agua que ocasiona alergias en la piel de los manifestantes”. También por la participación de colectivos armados “que han descargado su ira contra manifestantes, prueba de ello es el caso del estudiante de la UCLA herido de bala el martes”.
“Siento mucho dolor porque en 27 años nunca había visto una represión tan sistemática como la registrada en Lara, Carabobo, Táchira, Aragua, Mérida y el Distrito Capital”.
El abogado rechazó y denunció el constante allanamiento de domicilios sin una orden emanada por un juez de control del Ministerio Público.
“Recabaremos fotografías, testimonios de familiares y pruebas documentales, herramientas que nos permiten acudir a las instancias competentes”, dentro del territorio nacional, porque considera inoperante acudir a los organismos internacionales y aboga por tener expedientes de los casos en el país.
Según el especialista, Lara ocupa el tercer lugar entre los estados con mayor represión de los cuerpos de seguridad.
“El Ministerio Público debe ser garante de la legalidad, del debido proceso, guardián de los juicios justos y atento ante los hechos que generen conmoción pública como los registrados en los videos caseros difundidos ante las redes sociales y las fotografías. Este ente no ha actuado y por omisión es responsable… desde el punto de vista legal el pueblo está subordinado a los militares, porque se ha permitido la realización de juicios en instituciones castrenses”.
Narváez expresó su opinión respecto a la falta de respuestas de la defensora del Pueblo delegada, Elba Yris Rodil, porque considera que no ha hecho cumplir lo establecido en el Artículo 46 de la Constitución, en el que se prohíben la represión, la tortura y los tratos inhumanos. En este punto, aprovechó la ocasión para rechazar “la ligereza en el vocabulario de la defensora nacional, Gabriela Ramírez, cuando se refirió a la tortura, acción que es condenada por organismos internacionales e incluso condenada en una ley especial venezolana”.
Miedo, dignidad y valentía
Los familiares que ofrecieron sus testimonios deben enfrentar el miedo, apelar a la dignidad y llenarse de valentía para sobrellevar la situación que padecen.
Angélica Rodríguez relató que su esposo fue señalado por un vecino, sacado del edificio por un colectivo armado, entregado a los cuerpos castrenses y hoy sometido a un régimen de presentación, con casa por cárcel, en un hecho que les truncó su futuro.
La docente Zuleima Escalona, residenciada en el oeste de la ciudad, encontró un sobre intimidatorio en su casa en el cual había un manuscrito con una amenaza y una hoja con un proyectil de un fusil del ejército, en la que decía “el próximo estará dentro de uno de tus familiares”. A Escalona le dieron dos días para retirar la barricada colocada cerca de su residencia y borrar un mensaje grosero contra el presidente Nicolás Maduro, que apareció escrito en la calle. Su denuncia reposa en la Fiscalía.
