El titular del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, calificó como un «show político» las denuncias sobre violación de derechos humanos por parte de efectivos de la fuerza pública, que trascienden a través de los medios de comunicación.
Reconoció solamente aquellos hechos que actualmente son procesados por el Ministerio Público, únicos que considera «serios».
«El que tenga denuncias serias, llámese tortura o exceso policial, hágala ante el Ministerio Público», dijo este lunes.
Un caso que en su opinión es falso y que alude directamente a las denuncias formuladas por organizaciones de derechos humanos, es la presunta violación de un joven en Valencia, a manos de un funcionario de la Guardia Nacional tras ser detenido durante una manifestación.
«Es absolutamente falso, como se ha demostrado a través de las experticias», señaló el ministro.
Más allá de desestimar los señalamientos de la ciudadanía, Rodríguez Torres felicitó a los cuerpos de seguridad del Estado que han actuado en el control del orden público desde el pasado 12 de febrero.
«Me siento orgulloso del trabajo que ha hecho el Gobierno de haber eliminado la tortura, nosotros tenemos métodos científicos de interrogatorio y de contención de la violencia”, expresó.
Acotó que si bien son ciertas algunas denuncias aisladas debidamente procesadas y «fundamentadas», también lo son «los altos niveles de agresividad» de las personas que protestan que deben soportar los uniformados.
Alcaldes «guarimberos»
Por otro lado, el titular del Interior fustigó a los alcaldes opositores de los municipios donde se escenifican las protestas en el país, especialmente a las autoridades de Chacao, Baruta, El Hatillo y Sucre de la Gran Caracas.
Afirmó que sus cuerpos policiales sí tienen competencia para combatir el orden público en su sentido «preventivo».
«Si se ve un policía parado en una urbanización con su patrulla y vemos un ciudadano con una camioneta llena de escombros para armar una guarimba, el policía debe proceder a la detención de ese ciudadano. El derecho a la protesta no está por encima del derecho a circulación de los demás», manifestó Rodríguez Torres.
La semana pasada, los alcaldes Ramón Muchacho (Chacao), Carlos Ocaríz (Sucre), Gerardo Blyde (Baruta) y David Smolanski (El Hatillo), denunciaron un presunto plan para intervenir su autoridad y «violar la soberanía popular», mediante una inhabilitación del Tribunal Supremo de Justicia.
