El pronunciamiento del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, instando al Gobierno venezolano a “escuchar las demandas de los manifestantes” que en las últimas jornadas han protagonizado intensas protestas reprimidas con fuerza por los cuerpos de control estatales, genera un punto de quiebre en la postura neutral que hasta el lunes mantuvo la comunidad internacional con respecto al conflicto que atraviesa el país.
El llamado, que incluye un exhorto al diálogo entre las partes involucradas y al respeto a los Derechos Humanos de quienes protestan, constituye “un paso importantísimo en la solución de la situación crítica que vivimos”, a juicio del exmagistrado del Tribunal Supremo de Justicia y expresidente del Colegio de Abogados, Jorge Rosell.
“La declaración de Ban Ki Moon se produce ante la imposibilidad de ocultar la situación que atraviesa el país en el aspecto económico, la profunda crisis social y la inseguridad, temas sensibles a los cuales se les suma el secuestro de todos los poderes públicos por parte del Ejecutivo nacional”, sostuvo el jurista.
“En Venezuela, es evidente que el Poder Judicial está subyugado. No hay tribunales independientes ni jueces con decisiones autónomas. Esto demuestra la inexistencia de una de las condiciones elementales de todo sistema democrático, que es la autonomía de los Poderes Públicos”.
Rosell indicó que “nos encontramos con una represión desmedida a las manifestaciones pacíficas y legítimas del pueblo venezolano. Además, el Gobierno convoca al diálogo pero no cesa en sus calificativos contra la oposición y los ciudadanos que protestan, a quienes sigue llamando fascistas, apátridas y reaccionarios. Una acción sincera en ese sentido sería la liberación inmediata de los presos políticos y de los civiles que permanecen injustamente privados de libertad”.
Destacó que los tratados internacionales suscritos por la República tienen “rango supraconstitucional y aplicación preferente, siempre que establezcan medidas de protección al ciudadano superiores a las contempladas en la propia Carta Magna. Los organismos internacionales, como la ONU, son garantes del respeto a los derechos fundamentales en sus países miembros, y entre ellos está consagrada la protesta cívica y pacífica”.
Apuntó que los pronunciamientos de personalidades del deporte y el espectáculo de reconocimiento mundial, así como los testimonios de periodistas extranjeros que han sido víctimas de intimidación y maltratos por parte de las fuerzas represivas del Estado “son elementos puntuales que se van sumando y haciendo presión, contribuyendo a lograr que los organismos internacionales y los gobiernos del mundo fijen posturas firmes acerca del conflicto venezolano”.
En tal sentido, señaló que “hoy día, con la globalización y el fenómeno de las redes sociales, las dictaduras no pueden ser tan evidentes como en décadas anteriores, por cuanto resulta imposible que un régimen pueda ocultar su talente totalitario ante la opinión pública mundial”.
Consultado sobre la actuación de otras instancias internacionales, como la Organización de Estados Americanos, Rosell expresó que “allí está José Miguel Insulza, quien en reiteradas ocasiones ha demostrado falta de determinación por temor a consecuencias de sus decisiones”, mientras que organismos como el ALBA y la Celac “están sometidos a la visión ideológica chavista, por lo tanto, no se puede esperar de ellos ningún tipo de pronunciamiento en contra de las autoridades venezolanas, y menos cuando existe un lobby internacional basado en divisas provenientes de la renta petrolera”.
“Plan de la derecha internacional”
No obstante, desde las filas del oficialismo desestiman el pronunciamiento de Ban Ki Moon sobre el clima de conflictividad que vive Venezuela. “No nos sorprende que la ONU y sus voceros se hagan eco de componendas de la derecha internacional, tomando en cuenta su historial”, aseveró Andrick Cordero, diputado al Consejo Legislativo del estado Lara y coordinador de Movimientos Sociales del Partido Socialista Unido de Venezuela.
“Si las protestas tuviesen seriedad y causas reales, el Gobierno bolivariano se sentaría a dialogar con los manifestantes, tal y como lo ha hecho con los sectores de la oposición que si han demostrado tener propuestas serias y la voluntad de debatir con fundamentos acerca de temas puntuales de la política nacional. Pero aquí lo que existe es un plan fascista de desestabilización”, esgrimió el dirigente de la tolda roja.
Alegó que las declaraciones del secretario general de la ONU “están en sintonía con las declaraciones de actores, deportistas y de los medios de comunicación estadounidenses, como parte del ataque mediático contra Venezuela”.
Criticó “la satanización del trabajo de nuestros colectivos en defensa de la revolución”.
Para Cordero, la solución al conflicto radica “en el reconocimiento de nuestro Gobierno constitucional por parte de la oposición venezolana. Los dirigentes de la derecha deben tener coherencia entre su discurso y sus acciones, no pueden pedir diálogo mientras incendian al país”.