Estudiantes, opositores y periodistas denunciarán este viernes las violaciones a los derechos humanos por parte de tropas antimotines durante las protestas antichavistas que han dejado 14 muertos, mientras la justicia ordenaba nuevas detenciones de opositores radicales.
El presidente Nicolás Maduro calificó como un intento de «golpe de estado» a las protestas, en un inicio estudiantiles y a las que se sumaron luego dirigentes radicales de oposición que pregonan la necesidad de ocupar las calles para forzar la salida del gobierno electo en abril.
El Foro Penal Venezolano, que hasta el miércoles había documentado 33 casos de violaciones a los derechos fundamentales, convocó a una manifestación bajo el lema «todos al rescate de nuestros derechos humanos» y en la que prometió participarán algunas de las víctimas de abusos policiales.
Iniciadas a comienzos de febrero por estudiantes del occidente venezolano en reclamo por la inseguridad en los campus, las protestas se extendieron a varias ciudades e incorporaron reclamos por la inflación y penurias de abastecimiento de comida en el país con las mayores reservas petroleras mundiales.
Maduro, heredero político del líder de la llamada Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, ha negado que existan violaciones a los derechos humanos, pero un informe de la Fiscalía esta semana admitió que se habían abierto 12 investigaciones.
Más de una docena de uniformados están detenidos, entre ellos cinco agentes de inteligencia acusados por el asesinato el 12 de febrero de un estudiante y de un simpatizante del gobierno, en lo que constituyeron las dos primeras muertes de las protestas, que a partir de ese día escalaron rápidamente.
Los abogados del Foro Penal adelantan, entre otros casos, los de un joven que denuncia haber sido víctima de vejaciones sexuales durante su detención y los de una mujer que fue golpeada con saña por unidades antimotines y frente a cámaras de periodistas.
De la concentración participará el Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa, que denuncia cerca de 70 casos de hostigamiento, amenazas, prisión injustificada, o robos contra periodistas de medios venezolanos y extranjeros.
Informe de EEUU
El informe anual sobre Derechos Humanos 2013 del Departamento de Estado, divulgado este jueves, dijo que el gobierno venezolano «continuó tomando acciones para impedir la libertad de expresión y restringir la libertad de prensa».
Al presentar el informe el secretario de Estado John Kerry se refirió a los sucesos de las últimas semanas e insistió que el Venezuela «ha confrontado manifestantes pacíficos desplegando civiles armados (en referencia a los «colectivos» chavistas), encarcelando estudiantes y severamente limitando las libertades de expresión y reunión».
También el jueves el partido Voluntad Popular anunció que la justicia había ordenado la detención de Carlos Vecchio, al frente de la agrupación luego del arresto a mediados de mes de su líder Leopoldo López, quien permanece en una cárcel militar.
La orden de captura es por los delitos de «incendio intencional, instigación pública, daños y asociación», los mismos cargos que le fueron imputados a López.
Nuevos incidentes
El jueves el inicio de un largo receso de seis días por los feriados de carnaval pareció restar impulso a las protestas, aunque las marchas, cortes de calles y cacerolazos siguieron siendo parte del paisaje cotidiano en Caracas, Valencia, Maracay, San Cristóbal y algunas otras ciudades.
En el este de Caracas unas doscientas personas bloquearon con barricadas y escombros diversas calles del acomodado barrio Las Mercedes y tiraron piedras a las fuerzas antimotines, que les dispersaron con gases lacrimógenos, después de que entre 2.000 y 3.000 personas se manifestaran pacíficamente.
El alcalde de Baruta (donde esta Las Mercedes), Gerardo Blyde denunció un uso «desmedido» de la fuerza por parte de la Guardia Nacional que pese a que ya había dispersado a manifestantes, realizó dos bombardeos adicionales con gases lacrimógenos.
«Me pareció innecesario el segundo y tercer bombardeo de bombas lacrimógenas por parte de la Guardia Nacional Bolivariana», dijo el alcalde-
El líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, Juan Requesens, condenó la represión. «Hablan de paz (desde el gobierno) y después que los estudiantes nos concentramos pacíficamente gritando ni un muerto más, nos lanzan bombas lacrimógenas», escribió en su cuenta twitter.
Origen de la protesta
Las manifestaciones comenzaron el 4 de febrero en la occidental San Cristóbal con una protesta estudiantil por la inseguridad, tras un intento de violación a una joven en un campus universitario.
Desde entonces, las protestas fueron extendiéndose por algunos estados del país, que tiene unos 2,6 millones de estudiantes universitarios, movilizando en su punto más caliente a varios miles de manifestantes por día, a los que se sumaron dirigentes opositores radicales.
A partir del 12 de febrero comenzaron a registrarse al término de las protestas incidentes entre grupos enmascarados salidos de las marchas opositoras, unidades antimotines acusadas de represión desproporcionada y grupos armados no identificados que atacaban a los manifestantes.
En el momento mas fuerte de las protestas el gobierno dijo que las manifestaciones afectaron a 18 de los 335 municipios venezolanos.
