Familiares de víctimas de El Caracazo exigieron al Estado el cese a la represión contra manifestaciones pacíficas que protagonizan opositores en todo el territorio nacional desde el pasado 12 de febrero.
La organización no gubernamental Cofavic emitió un comunicado público para rechazar lo que consideran recientes violaciones a los derechos humanos, y condenar la impunidad de los sucesos de hace 25 años.
«Exhortamos, una vez más, al Estado venezolano a adecuar sus mecanismos de control del orden público con los principales estándares de respeto y garantía de los derechos humanos», señala el documento.
Así mismo, lo instaron a controlar «de forma inmediata a los grupos armados civiles que asedien, hostiguen residencias familiares y cometan crímenes».
En relación con El Caracazo, Cofavic lamentó que con cada aniversario el gobierno nacional «intenta generar una matriz de opinión en la que predomina la idea de que se está haciendo justicia en estos hechos». Sin embargo, sostienen que la verdad es que «hasta la fecha no se ha establecido ni una sola responsabilidad individual» por los más de 400 asesinatos que ocurrieron esos días, según cifras oficiales.
«Ni se sabe quiénes dispararon en Catia, El Valle, Petare o La Vega en contra de humildes viviendas, ni quién dio la orden de enterrar los cadáveres en fosas clandestinas y quiénes ejecutaron esa orden. Esas preguntas pareciera que no estuvieron ni están actualmente en la línea de investigación», señaló Cofavic.
Sobre la exhumación realizada en 2009 por el Ministerio Público en la fosa común de La Peste, señalaron que nunca se logró la identificación de las cuerpos ni mucho menos su entrega, «a pesar de las múltiples expectativas que se sembraron en los familiares».
