El olor a basura quemada inunda las calles de la ciudad que por las mañanas parece salir de la resaca de una noche de protestas.
No funciona el transporte público, los semáforos están apagados o intermitentes y sobrevuelan los aviones militares enviados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Los antecedentes de encapuchados haciendo barricadas con troncos de árboles anticipan nuevas manifestaciones.
San Cristóbal, capital del estado fronterizo de Táchira y con unos 600.000 habitantes, ha sido epicentro de violentas protestas callejeras en las últimas dos semanas, lo que obligó a Maduro a anunciar el jueves la posible declaración de un estado de excepción en Táchira y ordenar la suspensión del porte de armas. El gobierno envió especialmente aviones y fuerzas policiales y militares para que custodien algunos sectores de la capital estatal.
«Todavía no explicó por qué» esos vuelos, dijo a The Associated Press el alcalde Daniel Ceballos, miembro del opositor partido Voluntad Popular en el que milita Leopoldo López, el encarcelado dirigente opositor de 42 años.
El gobierno dijo que el envío de tropas ayudará a que se normalicen el comercio y la circulación de personas.
«Los problemas no se resuelven con soldados, se resuelven con gas, harina, medicamentos, papel toilet», se quejó Ceballos.
San Cristóbal no sólo es un bastión de la oposición, es el germen de las manifestaciones que se han multiplicado por toda Venezuela desde hace diez días, lo que constituye la primera crisis política que enfrenta Maduro desde que asumió el gobierno en abril de 2013. Hasta el momento, las protestas han dejado seis muertos, unos 70 heridos y más de dos centenares de detenidos en todo el país.
Pero lo que se ha convertido en un clamor popular por la creciente delincuencia, una inflación anual de más de 50% y la escasez de bienes y servicios de primera necesidad, comenzó con una demanda de mayor seguridad de los universitarios de Táchira.
José Vicente García, de 28 años y estudiante de ingeniería industrial en la Universidad Nacional Experimental del Táchira, relató a la AP que el 4 de febrero en la Universidad de los Andes una estudiante de comunicación social salía del comedor hacia el edificio principal de la universidad cuando fue interceptada por dos hombres que intentaron violarla y la golpearon.
Los atacantes se dieron a la fuga ante la reacción de otros estudiantes, pero el caso desencadenó protestas de los alumnos de esa universidad que exigieron al gobernador oficialista de Táchira, general en retiro José Gregorio Vielma Mora, seguridad en el centro superior de estudios. Durante aquella primera manifestación los estudiantes fueron reprimidos por miembros de la guardia nacional.
En los días que siguieron adhirieron estudiantes de otras universidades que también exigían seguridad. El 7 de febrero fueron detenidos tres estudiantes por encabezar una manifestación en la que reclamaban la liberación de alumnos detenidos menores de edad.
Entonces Maduro y Vielma Mora denunciaron que manifestantes habían intentado quemar la casa del gobernador, que según los estudiantes fue atacada a pedradas. Las protestas hasta entonces locales cobraron importancia cuando el dirigente opositor López, que aguarda el inicio de su proceso penal luego de ser acusado de promover manifestaciones violentas, se unió a los reclamos. La sociedad civil no tardó en hacerse eco de las demandas.
«Se nos sumaron a las protestas buscando la seguridad de la universidad y se sumaron sectores políticos, civiles, todos, no sólo ahora por la seguridad sino por la escasez, la violencia», dijo García.
San Cristóbal es una ciudad de techos bajos, sin grandes edificios, con el desorden urbanístico tradicional de Venezuela. Buena parte de los vehículos llevan pintado en el parabrisas trasero «(hash)libertad».
Algunos bancos, restaurantes y casas de venta de comida e indumentaria abren sólo hasta el mediodía. En algunos sectores la gente hace fila para comprar verduras en mercados callejeros porque los comercios prefieren dejar sus puertas cerradas.
Jeffrey Guerrero, un vendedor de harina de 38 años que compra en la vecina ciudad colombiana de Cúcuta, no se queja de las dificultades. «Es magnífico», dijo mientras caminaba ante la falta de transporte y las largas filas para llenar el tanque de gasolina. Las protestas son «la rebelión ante una dictadura que nos quieren imponer disfrazada de democracia», agregó.
La presencia militar, por ahora, es visible sólo en algunos sectores.
En las manifestaciones en San Cristóbal no se han producido víctimas fatales, pero están lejos de tener fin.
«Hemos decidido tomar las calles de una vez por todas», dijo García, uno de los nueve miembros del Concejo Municipal de San Cristóbal y representante de Voluntad Popular, y aseguró que van a seguir haciendo protestas en las calles todos los días en al menos 70 puntos de la ciudad.
