La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó este viernes su preocupación por las denuncias de ataques de civiles armados y policías contra manifestantes y periodistas en Venezuela, tras semanas de protestas que han dejado al menos ocho muertos.
La CIDH dijo en un comunicado que está «profundamente preocupada» por denuncias de «supuestas violaciones a los derechos a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad y libertad personal de los manifestantes, libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión» en Venezuela.
En la peor ola de descontento contra el presidente Nicolás Maduro, electo hace diez meses tras la muerte de Hugo Chávez, estudiantes y opositores han salido a las calles por más de dos semanas a quejarse de la escasez, la elevada inflación y la inseguridad galopante.
Reportes de prensa y opositores informan de ataques de grupos de civiles armados y con insignias progobierno contra los manifestantes, una denuncia a la que la CIDH le «ha prestado especial atención».
La Comisión condenó en el documento «cualquier actuación de esta naturaleza» y llamó a las autoridades venezolanas a desarmar esos grupos y sancionar sus crímenes, así como garantizar la seguridad ciudadana.
La Comisión también alertó sobre las denuncias de supuesto «uso excesivo» de la fuerza por los agentes de seguridad en el control de las protestas, incluyendo heridos por la represión, detenciones irregulares de una centena de manifestantes y «malos tratos» contra éstos.
El órgano regional abogó por que el juicio contra el líder opositor Leopoldo López, en prisión y acusado de instigación a la violencia, sea «imparcial», denunciando el uso de la justicia en Venezuela para «criminalizar» la protesta y perseguir a opositores al gobierno.
La Comisión, con sede en Washington, evalúa además denuncias de detenciones y agresiones físicas a periodistas en las protestas, así como la incautación de material periodístico por agentes del orden.
Además, el órgano regional «sigue observando con preocupación el alegado bloqueo informativo a medios de comunicación en Venezuela», así como las denuncias de interrupción del servicio de internet en el occidental estado Táchira, donde estallaron las protestas el 4 de febrero.
En Venezuela, la cobertura de las protestas es limitada en las televisiones locales en el marco de una restrictiva ley. Además, el gobierno sacó de las cableras el canal de noticias colombiano NTN24 y el estadounidense CNN En Español denunció que a varios de sus periodistas les fueron revocadas sus acreditaciones.
Los acontecimientos de los últimos días en Venezuela recibieron una mayor condena del director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien acusó al gobierno de Maduro de usar las «tácticas habituales de regímenes autoritario».
«Todos aquellos líderes genuinamente interesados en la defensa de los principios democráticos en Venezuela deberían enviar un mensaje claro de que estas prácticas autoritarias son inadmisibles», añadió.
