Leopoldo López, uno de los dirigentes opositores que apoya las manifestaciones estudiantiles en Venezuela, vuelve a estar en la mira del gobierno y la justicia, que libró una orden de captura en su contra tras responsabilizarlo de la muerte de tres jóvenes el miércoles pasado.
Con 41 años, López, cuya carrera política se vio forzosamente interrumpida tras una inhabilitación para ejercer cargos públicos que está por cumplirse en 2014, es uno de los tres dirigentes de la oposición considerados radicales.
Impulsa, bajo el lema «La Salida», la táctica de realizar protestas callejeras para forzar la salida del gobierno de Nicolás Maduro, algo que ha sido calificado de golpista por el chavismo.
Dicha táctica también genera reticencias en entre dirigentes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), entre ellos su líder y excandidato presidencial Henrique Capriles, quien advierte que «las condiciones no están dadas para presionar la salida del gobierno».
En un claro desafío al gobierno, que allanó la vivienda de sus padres así como la sede de su partido Voluntad Popular, López aseguró el domingo que marchará el martes desde Plaza Venezuela y hasta el Ministerio de Justicia para entregarse y «asumir esa persecución (…) de parte del Estado».
Inhabilitado
En 2008, López ya había sido inhabilitado por la justicia para ejercer cargos públicos tras ser acusado de haber recibido, en 1998, recursos de la gerencia de Petróleos de Venezuela (PDVSA), que ocupaba su madre Antonieta Mendoza, para fundar el partido opositor Primero Justicia.
Antes de esa inhabilitación que culmina este año, López fue alcalde del municipio metropolitano de Chacao durante dos períodos (2000-2008), en los que también fue acusado de desviar recursos para el pago de empleados municipales.
López apeló a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte CIDH), y ambas concluyeron que hubo una violación de sus derechos.
Pero el gobierno mantuvo sobre López la prohibición de postularse a cargos de elección popular y truncó así su candidatura a la alcaldía metropolitana de Caracas en 2008, que más tarde asumió su compañero Antonio Ledezma, otro de los que impulsa ocupar las calles bajo el lema «La Salida».
La carrera del dirigente de Voluntad Popular -partido opositor que fundó en 2009 tras su expulsión de Un Nuevo Tiempo y que en las elecciones regionales del pasado diciembre obtuvo el mayor número de alcaldes por la oposición- tuvo inicios prometedores.
Nacido en Caracas el 29 de abril del 1971 y con estudios de Economía en la Universidad de Harvard, López prometía una exitosa carrera política: en 2000, con 29 años, fue electo con 51% de los votos para su primer período en la alcaldía de Chacao, el municipio más rico de la gran Caracas, y en su reelección, en 2004, arrasó con 81%.
En abril de 2002, fue uno de los muchos políticos que llamaron a las manifestaciones opositoras de calle que derivaron en un golpe de estado que sacó brevemente del poder al entonces presidente Hugo Chávez.
Ahora, y tras su inhabilitación, sus tácticas de protestas callejeras para forzar «La Salida» del gobierno le ha significado ser responsabilizado por Maduro de los tres muertos y 66 heridos que dejaron las manifestaciones estudiantiles en Caracas del pasado miércoles.
Ese día, miles de estudiantes, acompañados por López y otros líderes de la oposición, marcharon contra la inseguridad, la inflación, la escasez de productos y la detención de universitarios.
Tras las marchas se registraron incidentes entre estudiantes, fuerzas antimotines y grupos con distintivos del oficialismo que dejaron los tres muertos.
El gobierno afirma que la violencia fue resultado de «grupos de ultraderecha infiltrados» en las manifestaciones con el fin de provocar «un golpe de Estado» en Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras en el mundo.
De concretarse su detención, López vivirá otro corte de su carrera política, una nueva «salida».
