Acaba de publicarse en la Gaceta Oficial N° 40.340 del 23 de Enero de 2014, el decreto con rango, valor y fuerza de Ley de Precios Justos. Dicha Ley, y lo que en ella puede leerse, no deja lugar a duda: es esta una pieza más en el rompecabezas comunista que la “revolución” se ha empeñado en armar para Venezuela, con todo lo que esto implica para el derecho a la propiedad privada, la libertad económica, y todo aquello que sustenta buena parte del tejido productivo de la nación.
Basta citar el artículo 7 de la referida norma: “Se declaran y por lo tanto son de utilidad pública e interés social, todos los bienes y servicios requeridos para desarrollar las actividades de producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios.” Se declara y por lo tanto son. Todos. Expropiables. Lo que me dé la gana. Es decir, “lo que les dé la gana”.
El abogado Gerardo Fernández expresa, sobre este artículo: “Elimina el control político de la declaratoria de utilidad pública contenida en la ley de expropiaciones. Facilita el proceso expropiatorio a conveniencia del Gobierno. Reduce las garantías de los administrados al ser expropiados. Debilita el derecho de propiedad y sus atributos. Crea inseguridad jurídica e institucional y fomenta la desviación, la extralimitación y el abuso de poder.” (El Universal, 09-02-14).
La izquierda más rancia y ultraradical, es la que habita hoy en las mentes de los grupos que controlan las decisiones económicas del país. Y ya no hay empacho ni pena en reconocerlo, aunque el descaro resulte igual de doloroso.
Así lo ha dicho el mayor general Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior para la Defensa de la Economía recientemente: “tenemos que tener juicio y criterio porque no es precisamente al pequeño a quien nosotros queremos desaparecer para acomodar la economía, es al grande. (…) Tenemos que desaparecer al más fuerte que es el que inicia la cadena de corrupción y que evidentemente produce que el producto no llegue al precio justo”. (El Universal, 05-02-14).
La Ley de Precios Justos, cuya inconstitucionalidad va paralela a su amplia, burocratizada y delirante capacidad destructiva del emprendimiento e inversión privada, es el episodio más reciente de las acciones de un gobierno que pretende consolidar un modelo de economía regulada, estatizada y colectivista, de abierta inspiración comunista, a costa de la supresión sistemática del sector empresarial, comercial e industrial privado y particular, y que ignora el efecto nefastamente multiplicador del cierre de grandes empresas, en las redes de pequeñas y medianas empresas.
Es entonces cuestión de tiempo, más pronto de lo que pensamos, presenciar el establecimiento de precios “justos” que decreten para la suprema felicidad del gobierno, la “justa” desaparición de la empresa privada en Venezuela.
@alexeiguerra
