El jurista venezolano, Asdrúbal Aguiar emitió una carta a la Organización de Estados Americanos (OEA) en donde describe la situación actual del país y narra los hechos ocurrido este 12 de febrero de 2014, Día de la Juventud.
La fecha celebrada por los estudiantes con marchas en todo el país terminó con un saldo de tres personas muertas y más de 60 heridos, según cifras oficiales. Aguiar pide a la OEA que intervenga ante la ola represiva en el país y recuerda los preceptos de la Carta Democrática
Aquí el texto completo:
Señor Presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos Embajador Pedro Vergés (República Dominicana) Señor José Miguel Insulza Secretario General de la Organización de los Estados Americanos
Excelentísimos señores: En mi condición de ciudadano venezolano, quien tuvo el alto honor de servir al Hemisferio como Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego servirle a Venezuela como Gobernador, Ministro de Relaciones Interiores, y Encargado de la Presidencia de la República, me dirijo a Ustedes con la emergencia del caso, para demandarles la convocatoria de un Consejo Permanente que analice y considere la grave deriva dictatorial que ha tomado el gobierno del señor Nicolás Maduro Moros, en mí patria.
Durante el día de ayer, 12 febrero, conmemorativo del Día de la Juventud, los estudiantes, cabalmente comprometidos con la democracia, disponiendo como único elemento de lucha sus lápices y cuadernos, acompañados de cantos y de dirigentes democráticos igualmente empeñados en protestar para que el gobierno del señor Maduro y los militares quienes lo acompañan, en calidad de ministros y uno de los cuales encabeza la Asamblea Nacional, adopten las medidas que eviten el despeñadero económico y social que sufre la nación.
Luego de una marcha pacífica, al apenas concluir fueron objeto de agresiones y disparos por parte de funcionarios del régimen, en lo particular de miembros de su policía política – SEBIN – y de la antigua y venerable Guardia Nacional hoy llamada “guardia del pueblo”.
Los mismos, acompañados de los también denominados “colectivos populares”, que integran miembros de bandas criminales que azotan nuestras zonas metropolitanas cada fin de semana, han puesto en marcha una ola de represión convocada deliberadamente al efecto y que termina, por exigencias del grupo militar-cívico que controla el poder que ejerce el señor Maduro bajo instrucciones directas del gobierno cubano, con el mandato de arresto de calificados dirigentes democráticos, uno de ellos pre-candidato a la Presidencia de la República, Leopoldo López, como el ex Vice-Canciller y ex embajador Fernando Gerbasi, y el almirante retirado, Iván Carratú Molina.
Varias decenas de estudiantes han sido detenidos. A la par, para ocultar la emboscada preparada por su gobierno y silenciar definitivamente a la oposición democrática y toda voz disidente, durante las últimas semanas se ocupan el señor Maduro y su entorno de negarle las divisas necesarias a la prensa escrita para comprar papel y circular y amenazan a la radio y tv privadas con procesos administrativos; aparte de anunciar que ¡poco le importa le llamen dictador! pues se dispone a ponerle final al amarillismo de los periodistas venezolanos.
No bastando ello, sobre los graves acontecimientos antes señalados y en pleno desarrollo, el señor Maduro y los suyos ordenan sacar de la grilla de las cableras la emisión de la televisora NTN24, que trasmite desde Bogotá, Colombia.
Buscaba ocultar ante los venezolanos y la comunidad internacional los actos de terrorismo de Estado que decidió poner en práctica.
Señor Presidente, Señor Secretario General: La Carta Democrática Interamericana es precisa al disponer que la democracia es un derecho humano del pueblo, y los gobiernos tienen el deber de promoverla y defenderla.
No se trata, por ende, de una dádiva de los gobernantes de turno, como lo juzgan algunos gobernantes que la desconocen en la región. Que un gobierno como el del señor Maduro se ponga al margen del Estado de Derecho para reprimir a la disidencia política y encarcelarla; que le impida su participación activa en la democracia, criminalizando a su dirigencia y usando para ello – como lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – a los jueces y las policías; que niegue la libertad de prensa como columna vertebral de la democracia, haciendo uso y abuso – como ocurre este 12 de febrero – de la hegemonía comunicacional de Estado formada durante los últimos 15 años; que cree deliberadamente riesgos para la vida e integridad personal de los ciudadanos, instigando a la violencia de sus seguidores de calle y los cuerpos armados a su servicio, para luego argumentar que se trata de grupos nazi-fascistas que intentan desestabilizarlo; que la cabeza del órgano parlamentario – Teniente Diosdado Cabello – aparezca dictando órdenes ejecutivas dirigidas incluso a la Fuerza Armada y protegiendo a los “colectivos populares” cuya actuación propició el gobierno para producir la violencia durante este día 12 de febrero; todo ello, de conjunto, representa una grave alteración del orden constitucional y democrático, según los términos del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana.
La protesta estudiantil y política tiene lugar, justamente, por cuanto, el pasado año ocurrieron 23.000 homicidios en Venezuela y la respuesta oficial es su aspiración a la convivencia ciudadana con los grupos ejecutores de los delitos.
Tiene lugar por cuanto el gobierno no reconoce la legitimidad de los gobernadores y alcaldes opositores electos popularmente, e intenta doblegarlos bajo amenaza de persecuciones y descalificándolos.
Tiene lugar por cuanto al margen del orden constitucional y el Estado de Derecho, funcionarios militares y policiales cubanos ejercen autoridad en la administración pública venezolana y en organismos de seguridad del Estado, y dado que miembros de nuestra FF.AA. ocupan los puestos de decisión fundamental, sin respeto por la subordinación que deben al poder civil.
Ocurre la protesta legítima, en ejercicio de derechos humanos y libertades tutelados por la misma Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos que denuncia el señor Maduro, por cuanto, mediante graves actos de corrupción que no investiga el Ministerio Público, han sido dilapidados 1.300 billones de dólares durante los últimos 15 años y hoy escasean los alimentos y las medicinas que afectan a todo el país.
Han cedido, señor Presidente y señor Secretario, de conjunto, los elementos esenciales de nuestra democracia y sus componentes fundamentales, enunciados en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana.
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el citado artículo 20 de dicha Carta, que es vinculante como interpretación auténtica de la Carta de la OEA, les solicito, respetuosamente, pues basta para ello la iniciativa del mismo Secretario de la OEA o de alguno de los Estados miembros, disponer la convocatoria del Consejo Permanente a fin de que revise los actos de represión ejecutados por el gobierno de Nicolás Maduro Moros contra los estudiantes y la oposición democrática de Venezuela, con saldo de muertos y heridos, y las medidas de censura de la prensa que ha establecido al efecto a lo largo de las últimas semanas y el mismo día 12 de octubre, luctuoso para todos los venezolanos.
No huelga, Señor Presidente, Señor Secretario General, les cite, con vistas a lo anterior, al recién fallecido ex presidente surafricano, Nelson Mandela, a quienes todos nuestros gobernantes de las Américas, sin excepciones, dicen admirar y recordar: “Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia, y si no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan parlamento”.
Les saluda atentamente,
ASDRÚBAL AGUIAR
C.I. 3.410.477
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