Ayer venció el plazo para que empresarios y comerciantes ajusten los precios de los productos comercializados a las disposiciones legales exigidas en el nuevo andamiaje legal que supone la Ley de Costos y Precios Justos. En tal sentido, Alberto Gámez, presidente de Fedecamaras en el estado Lara, y Alejandro Tovar, de la Cámara de Comercio, dieron sus impresiones al respecto.
Gámez, expresó que los gastos operativos con los cuales deben acarrear los empresarios venezolanos supone un incremento del 55% sobre el precio de los productos, “éste sería un porcentaje acorde”, en relación al 30% estipulado en la ley por concepto de ganancias.
El responsable de Fedecámaras en Lara indicó que no existe una guerra económica, “sino que la situación del país debe obligar al Gobierno nacional a dar un giro de 180 grados”.
Por su parte, Alejandro Tovar, presidente de la Cámara de Comercio, explicó que las penas estipuladas en dicha ley “son muy fuertes, pues incrementaron el tiempo de cárcel que deberá pagar un comerciante a quien se le acuse de un delito”. Para Tovar, el precio justo de un producto no se debe obtener mediante un decreto del gobierno, sino que debe ser el resultado de la interacción entre la oferta y demanda. “Si un producto se encuentra en cantidad, y su existencia es mayor, los precios bajarán”.
Ambos responsables indicaron que las previsiones para los próximos meses sobre la economía nacional sería la escasez y falta de empleos: “Así como en octubre dijimos que en enero y febrero aumentaría la escasez, y que cerraríamos el año con una inflación por encima de 50%, ahora decimos que tendremos una inflación del 75% y no vemos soluciones en un plazo de seis meses”, declaró Gámez.
Por su parte, Tovar invitó a sus representados para que se mantengan atentos y “abran sus puertas a los fiscalizadores, además de darle toda la información que necesiten”. Gámez recordó que esta semana será introducido un recurso en el Tribunal Supremo de Justicia para derogar esta ley. “No creemos que prospere pero, al menos, pondremos un precedente para ir a instancias superiores”.
