La Ley Orgánica de Precios Justos surge en momentos cuando el crecimiento porcentual de la inflación luce incontenible, y el Gobierno considera que la manera de enfrentarlo es restringiendo la libertad económica en el país y atribuyéndole al sector terciario responsabilidades superiores por su directa relación con los consumidores.
Así lo advierte el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), al admitir que la nueva normativa los afecta al igual que al resto de los sectores de la economía.
En cuanto a los inventarios, los comerciantes advierten que están en peores condiciones que el resto de los sectores, por no haber recibido las divisas necesarias para importar y por la reducción forzosa de precios durante los últimos meses del año pasado.
Sobre la ganancia de un 30%, Consecomercio advierte que hasta tanto no se produzca una descripción de detalles relacionados sobre la manera como cree el Gobierno que se debe construir ese margen de ganancia, el comercio y los servicios no podrá cumplir fielmente con lo que establece la disposición que determina dicho beneficio porcentual.
En cuanto a los beneficios del Sicad, Consecomercio advierte que debe ser un mecanismo complementario.
Admiten que buena parte de la red comercial venezolana, no está preparada para ser sometida a procesos de fiscalización, especialmente a nivel de los pequeños negocios, en tanto que las empresas con mayor músculo financiero, podrán atender las fiscalizaciones.
Consecomercio propone al Ejecutivo, la flexibilización de la Ley de Ilícitos Cambiarios; la revisión de la Ley Orgánica del Trabajo para los Trabajadores y Trabajadoras; revisión y actualización de los precios de los productos congelados y promocionar e incentivar la producción nacional.
