Tras el anuncio sobre la no inclusión de los periódicos en la subasta de 440 millones de dólares para esta semana, y que hoy espera convocar el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), el ánimo de Carlos Eduardo Carmona, presidente de EL IMPULSO, está marcado por la frustración, sobre todo ante la actitud del Ejecutivo nacional para con las manifestaciones de calle de los trabajadores de periódicos, además de expresar reticencia a la frase “trabajar bajo presión”, de Rafael Ramírez, vicepresidente para el Área Económica.
“Para nosotros es dramático, es una situación muy compleja porque ya no sabemos a cuál organismo acudir. Hemos denunciado por todas las vías que el trato que se nos dio en un año se está convirtiendo en una triste realidad, con un periódico totalmente disminuido y con una calidad afectada en su información, ante la imposibilidad de poder decir todo lo que ocurre”, dijo.
No obstante, el directivo no pierde las esperanzas de una nueva convocatoria a subasta, aunque no se perciba el más mínimo atisbo de actitud por parte de los representantes del Gobierno, quienes, a su juicio, parecieran tener como única función arrodillar a todos los medios y plantear que se diga solamente lo que ellos desean escuchar.
Ante la fuerza del Estado, expone Carmona, a este diario no le queda más remedio que seguir apelando al agotamiento de la vía legal para la obtención de las divisas necesarias para el papel periódico, especialmente porque no cuenta con “ningún tipo de fuerza pública ni institución que permita ejercer algún tipo de presión diferente a la que estoy ejerciendo: gritar hasta quedarme sin pulmones”.
Sobre las acusaciones de “amarillismo” y “politización de los problemas” lanzadas desde el Gobierno nacional, el presidente de EL IMPULSO reitera que el compromiso con la verdad que lleva a los medios a exponer situaciones, siempre dentro del marco legal, y en el supuesto de que se difunda una falsedad debe quien lo haga responder a la justicia. Pero en el discurso manejado por el alto Gobierno se tilda a los medios con calificativos muy amplios contra quienes difunden la verdad.
“Uno se asusta un poco cuando ve la forma en que el Presidente de la República maneja el tema (económico) y se pregunta cuál será la verdadera intención de esa estrategia, ya que más allá del miedo natural que se pueda sentir, se anhela desarrollar una actividad económica en el país. Sin embargo, el empresario se enfrenta al riesgo del calificativo de imperialista, oligarca y depredador”, comentó.
La regulación al trabajo de los medios anunciada por el primer mandatario nacional -quien ha manifestado que no le importa si por ello le llaman dictador- es vista por Carmona como una continuación de la política de controles excesivos gubernamentales, cuyo objetivo sería regular toda la actividad del país en un sinfín de leyes para tenerlo todo “bajo un único criterio”.
Un encuentro con el presidente Maduro, o con el vicepresidente Rafael Ramírez, a los fines de hacerles ver la emergencia en la cual se encuentra este rotativo, no está descartado por Carmona aunque luego de los intentos de reunirse con los diputados de la Asamblea Nacional los encuentros le parecen más una medida dilatoria que una mesa de negociación, por cuanto los diputados se preocupan más por la solicitud de documentos e información sobre las empresas, que ya maneja el Estado, que por la búsqueda de soluciones al problema de los periódicos.
Un desastre económico
La forma en que el Estado ha manejado la decisión de Toyota de detener la producción de la ensambladora que tiene en el país, calificándola como una presión de carácter político en lugar de una resolución ajustada a los problemas para mantener sus operaciones debido a la escasez, lleva a Carlos Eduardo Carmona a considerar que el Gobierno quiere tapar una realidad imposible de ocultar.
“Estamos viendo un desastre económico, no una guerra. Una mala política económica aplicada que ha llevado a una escasez de absolutamente todo producto”, acotó.
Para el empresario, el Ejecutivo nacional habría caído entrampado en una telaraña de controles y exceso de burocracia, una condición a la cual el empresario achaca el fenómeno de la carencia de cualquier producto en el mercado nacional y respondería a una inoperancia del modelo económico.
“Sencillamente se trata de un rumbo equivocado que no se resolverá con amenazas y que más bien llevaría al país al colapso total bajo amenazas reales a la economía”.
