«Es el mejor de los colombianos y nos va a defender una vez más», afirma convencido un vendedor de mazorcas a pocos pasos de la finca del expresidente Alvaro Uribe, cuyo regreso a la política sacude la campaña electoral en un país dividido en torno al proceso de paz.
En su bastión de Medellín, la capital del departamento de Antioquia, orgullosa de sus empresarios y terratenientes, la candidatura al Senado de Uribe anima una intensa campaña para las legislativas del próximo 9 de marzo e impone el tema: ¿vale la pena dialogar con la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, comunistas)?.
Para este vendedor, que se dice su «vecino», la firmeza de Uribe frente a las FARC permitió que «los colombianos volvieran a salir» a la calle.
Uribe, que gobernó durante dos períodos (2002-2006 y 2006-2010), desarrolló una política de combate frontal a las FARC, y con apoyo de Estados Unidos confinó a la guerrilla a las zonas rurales más apartadas del país reduciendo sus combatientes a la mitad, entre 7.000 y 8.000 actualmente.
Cuatro años después de haber dejado la presidencia, el regreso de Uribe a la política «fue una noticia importantísima, lo mejor que podía ocurrir», exclama con entusiasmo Gloria Colorado, una abogada de 35 años que participa en un mitin en Medellín, repleto de simpatizantes y de escoltas.
Con una popularidad de más del 60%, el expresidente, que considera que su sucesor Juan Manuel Santos «traicionó» las promesas con las cuales fue elegido, repite insistentemente el mismo mensaje: «El terrorismo ha recuperado espacios».
En una reciente entrevista con la AFP, Uribe expresó su frustración por cómo se desarrolla en Cuba el diálogo de paz con las FARC. En su opinión, la guerrilla ha adquirido inmerecidamente el estatus de actor político pese a que continúan sus acciones ofensivas, pues el proceso se cumple sin que se haya pactado un cese bilateral del fuego en Colombia.
Este viernes, la delegación de las FARC que se encuentra en La Habana descartó que una tregua unilateral para los comicios de marzo.
«No están previstos ceses unilaterales. Estamos listos para instituir un cese bilateral» si el gobierno lo acepta, declaró el delegado guerrillero Andrés París.
Cinco reuniones diarias
La campaña electoral confirma su reputación de hiperactivo. Desde principios de este año, Uribe ha visitado 18 de los 32 departamentos de Colombia, «en vuelo privado o comercial, por carretera o por río, con un promedio de cinco reuniones diarias», aseguran sus colaboradores.
«Lo importante es que contribuya con firmeza, con presencia, en todo el territorio», asevera Uribe, quien dice no temer las amenazas a su seguridad.
Su nuevo partido, el movimiento de derecha Centro Democrático, que gira en torno al carisma del exmandatario, quiere con las legislativas contrariar la posible reelección de Santos en las presidenciales del próximo 25 de mayo, para las cuales también lleva un candidato: el exministro y exparlamentario Oscar Iván Zuluaga.
«Es crucial tener la bancada más fuerte posible para cambiar el rumbo de las negociaciones con las FARC», asegura Juan Gallego, administrador de 50 años que también participa en un mitin.
Por haber cumplido ya dos periodos de gobierno, Uribe no puede volver a optar a la presidencia.
Para el politólogo José Giraldo, de la Universidad EAFIT de Medellín, Uribe, emblema de la derecha, «puede convertirse en la gran figura de la oposición».
«Sería un fenómeno nuevo porque hace más de diez años que la izquierda parlamentaria tiene el lugar central de la oposición», señaló.
Sin embargo, parece improbable que la bancada de Uribe pueda ser mayoritaria en el próximo Congreso, pues la mayoría de los colombianos apoya el proceso de paz, y además el expresidente genera tanto rechazo entre sus detractores como admiración entre sus seguidores.
El gobierno de Uribe se vio manchado por varios escándalos sobre violaciones de los derechos humanos: como el asesinato por parte de la fuerza pública de cientos de civiles que luego eran presentados como guerrilleros muertos en combate; la parapolítica, sobre vínculos entre la clase política y las milicias paramilitares de derecha; o las chuzadas, la interceptación de comunicaciones a magistrados, opositores y periodistas.
Tachado por las FARC de «enemigo público número uno de la paz», la guerrilla lo acusó esta semana de estar detrás de otro caso de interceptación ilegal de comunicaciones, esta vez al equipo negociador del gobierno en La Habana, señalamientos que él ha negado.
Además, en las calles ha surgido un grupo antiuribista, identificado como el Partido del Tomate, que le lanza esos frutos para perturbar sus concentraciones electorales.
«Amo a los productores de tomates. Hay que proteger a los agricultores», responde con ironía este animal político.
