La constitución garantiza el derecho a la manifestación pacífica en su artículo 68, sin embargo, y como lo hemos reiterado en numerosas oportunidades, su ejercicio ha sido limitado y penalizado, no solo por el amplio abanico de leyes que criminalizan la protesta, sino por la progresiva consolidación de formas cada vez más autoritarias de ejercer la acción de gobierno.
La Ley Orgánica de Seguridad de la Nación se ha convertido en uno de los principales obstáculos para los luchadores sociales. La creación de zonas de seguridad, que según cifras de la ONG Control Ciudadano abarcan el 30% del territorio nacional, impide y criminaliza la realización de protestas en portones de fábricas y en instituciones públicas.
Las víctimas más recientes son José Bodas, Secretario General de la federación de trabajadores más grande e importante del país, y 9 trabajadores de PDVSA en Puerto La Cruz, quienes fueron detenidos por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana por el solo hecho de entregar un volante a las puertas de la refinería de PDVSA en esa ciudad. Los trabajadores -que solicitaban la discusión del contrato colectivo- encontraron como respuesta la represión y criminalización de su protesta.
Los derechos consagrados en nuestra Carta Magna no pueden ser convertidos en delitos por la acción arbitraria de las instituciones del Estado, la protesta es un mecanismo legítimo que tienen los ciudadanos en las sociedades democráticas para reclamar y conquistar derechos o para defenderse de los abusos de poder
Liberados, luego de la presión de más de 300 trabajadores que permanecieron exigiendo su libertad a las puertas de los Tribunales de Anzoátegui, fueron impuestos de una medida cautelar dictada por el Tribunal 5to de Control del Estado Anzoátegui que les prohibe “liderar o realizar” protestas en cualquier instalación de PDVSA, y los somete a un régimen de presentación cada 30 días ante los Tribunales de la región.
Dicha medida viola la libertad sindical, impidiendo a un sindicalista asumir las labores que le corresponden por su condición de defensor de derechos laborales, y proscribe el derecho constitucional a la protesta, justificándose dicha restricción en el concepto de las “zonas de seguridad”, contempladas en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Estos trabajadores, se suman a la lista de más de 150 sindicalistas y 3000 luchadores sociales sometidos a juicio por protestar.
Pero la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, acompañada como lo hemos dicho, por un conjunto de leyes que limitan derechos, es apenas el marco jurídico para que el Ministerio Público, Tribunales, cuerpos militares y policiales, amparen sus actuaciones dirigidas a criminalizar las luchas sociales. Este proceso de judicialización de los reclamos, es la consecuencia directa de una institucionalización de la mentalidad represiva.
Provea ha advertido la gravedad de la paulatina adopción de la tesis de seguridad nacional por parte del Ejecutivo Nacional. Esta doctrina, que justificó la acción represiva de las dictaduras del Cono Sur, se sustenta en el concepto del “enemigo interno y externo”, y eventualmente se convierte en una camisa de fuerza para contener las demandas sociales mediante la militarización y la penalización de derechos.
Un ejemplo reciente de lo que afirmamos, es la detención de 6 personas en Nueva Esparta luego de realizar una protesta exigíendo la retirada del país del equipo cubano de béisbol que participó en la Serie del Caribe. Aunque no compartimos los motivos de esa protesta y repudiamos demostraciones de intolerancia, reivindicamos el derecho que cualquier ciudadano tiene de manifestarse, siempre que sea ejercido en el marco de lo establecido en la Constitución. Este hecho ejemplifica el extremo de la mentalidad represiva. Una protesta pacífica, trajo como resultado que los 6 detenidos fueran trasladados y aislados a la cárcel de Puente Ayala en Anzoátegui, mientras que sus abogados denuncian no haber tenido acceso al expediente y desconocer las causas por las que imputan a sus defendidos.
Otros episodios recientes como la represión por parte de la GNB de una protesta protagonizada por los trabajadores de la empresa Toyota en Cúmana; la condena a 5 años de los trabajadores de la empresa CIVETCHI, C.A, luego de haber intentado formar un sindicato y la campaña de criminalización contra el pueblo wayuu justificada en la lucha contra el “bachaqueo”, dan fuerza a nuestro señalamiento.
Aunque según el informe de conflictividad 2013 del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, se registró un descenso de 20% en el número de protestas durante el año pasado, el panorama actual indica que en 2014 habrá un repunte en el conflictividad social. Esta afirmación la hacemos basados en las numerosas demandas de la población que han sido insatisfechas y en las enormes expectativas que se han sido creadas y que aún no han sido materializadas.
Contratos colectivos y acuerdos con trabajadores que luego no son cumplidos por el ejecutivo nacional, incumplimiento y retraso en la entrega de viviendas, deterioro de los servicios públicos, inseguridad, inflación y escasez, entre otros, dibujan un panorama que muy probablemente estará signado por movilizaciones demandando soluciones.
Provea sigue apostando al diálogo como el mecanismo más democrático para afrontar y solucionar los problemas del país.
El Presidente Nicolás Maduro, expresó a comienzos de año su voluntad de diálogar con sectores de la oposición venezolana. En dicha ocasión aplaudimos ese gesto y manifestamos nuestro respaldo a la voluntad expresada, al tiempo de solicitar que el entendimiento y la búsqueda de consenso debía ampliarse al resto de la sociedad venezolana. Lamentablemente, hoy vemos con preocupación como esa posibilidad se aleja, mientras se mantiene el discurso de la confrontación y la amenaza, y se criminaliza a sectores sociales que demandan mejores condiciones de vida.
Los derechos consagrados en nuestra Carta Magna no pueden ser convertidos en delitos por la acción arbitraria de las instituciones del Estado, la protesta es un mecanismo legítimo que tienen los ciudadanos en las sociedades democráticas para reclamar y conquistar derechos o para defenderse de los abusos de poder. Protestar no es un delito, es un derecho.
