La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició este jueves la audiencia para determinar la responsabilidad del Estado de Venezuela en la presunta ejecución extrajudicial de los hermanos Igmar y Eduardo Landaeta, presuntamente perpetrado por agentes policiales en 1996.
La sesión, presidida por los siete magistrados propietarios, se abrió con la comparecencia del padre de las víctimas, el venezolano Ignacio Landaeta, quien contó que su hijo Igmar, de 18 años, fue interceptado y ejecutado por la policía del Estado de Aragua el 17 de noviembre del 1996.
Los policías «le disparan por la espalda. Cuando mi hijo cayó al pavimento les pidió que no lo mataran porque no era delincuente», sin embargo ellos «le dieron una patada y un tiro en la nariz», relató el hombre a la Corte, con sede en San José.
El 29 de diciembre, la policía arrestó a su otro hijo Eduardo, de 17 años, quien murió baleado dos días después en circunstancias no aclaradas, cuando era trasladado de una cárcel a otra.
Durante la audiencia, el hombre reveló a los jueces que ambos jóvenes habían sido amenazados de muerte por razones que dijo desconocer.
«Nunca me dijeron cuál era el motivo» de las amenazas, afirmó Landaeta cuando uno de los magistrados le preguntó sobre el móvil del crimen, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) atribuye al «contexto de ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en Venezuela» en esa época.
«Llevo 17 años esperando que los asesinos de mis hijos sean juzgados y condenados» y «pido a la Corte que solicite al Estado venezolano que hechos como éstos no vuelvan a ocurrir y no se continúen violando los derechos humanos», demandó Landaeta con lágrimas en los ojos al terminar su comparecencia.
En 2003, la justicia venezolana sobreseyó a los dos policías, Gerardo y Andrés Castillo, que fueron identificados como los autores del crimen de Igmar.
Mientras, el juicio por la muerte de Eduardo se realizará en abril próximo -17 años después- tras varias acciones que promovieron sus padres para obligar a las autoridades venezolanas a desempolvar el caso.
Los jueces también escucharon el testimonio de la fiscal venezolana Yelitza Carmona, quien asumió el caso varios años después del crimen y afirmó que en los expedientes no hay constancias de las amenazas denunciadas por la familia.
Reconoció, además, que la Fiscalía ha tenido dificultades para reconstruir la investigación debido a que la mayoría de funcionarios que trabajaron en el caso ya están «jubilados».
La Corte, que estudia el caso desde el año pasado, tiene previsto escuchar en horas de la tarde a los representantes de las víctimas y del Estado venezolano para dictar su sentencia en los próximos meses.
