La presidenta de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de Venezuela (Sundde), Andreína Tarazón, comparó con «criminales de guerra» a aquellos que acaparan alimentos, en momentos en que el país vive un nuevo episodio de escasez de bienes.
«Hay factores que insisten en delinquir, en comportarse como criminales de guerra porque acaparar toneladas de alimentos, dejar que estén en estado de descomposición toneladas de carne (…) desviar toneladas y toneladas de alimentos hacia Colombia son actitudes que cometen criminales de guerra», dijo.
«Son finalmente actitudes que van en detrimento de millones de personas, que afectan la estabilidad del país», agregó.
Frente a esto, Tarazón sostuvo que el Gobierno «no tiene otra opción» que aplicar la nueva Ley de Precios Justos, que pretende controlar los precios y acabar con la escasez, apoyada en la prohibición de márgenes de ganancias superiores al 30 % y sanciones de hasta 10 años de cárcel para los acaparadores.
«El llamado es a la conciencia, a la autorregulación. No va a ser fácil ni va a ser un destino feliz para ningún comerciante de nuestro país o empresario tener que pasar los próximos 10, 14 años de su vida (…) en una fría cárcel en nuestro país», indicó Tarazón.
La nueva ley, que prevé la aplicación de medidas preventivas y sanciones como el decomiso, la ocupación temporal de establecimientos o bienes, fue rechazada por las cámaras empresarias, quienes anunciaron que pedirán su nulidad ante la Justicia.
Consultada al respecto, Tarazón afirmó que los pronunciamientos de patronales como Fedecámaras «dan risa» y «vergüenza». «Uno no tiene ni que tomarlos en cuenta porque es como un ladrón, un violador, como un estafador que pretenda ir a pedir la nulidad del Código Penal en nuestro país», señaló.
La ley establece en su apartado de lucha contra el acaparamiento que quienes «restrinjan la oferta, circulación o distribución de bienes regulados (…) para provocar escasez o distorsiones en sus precios, serán sancionados por vía judicial con prisión de 8 a 10 años».
Además, prevé multas que van desde 107.000 bolívares a los 5,3 millones de bolívares.
