El presidente Juan Manuel Santos negó el martes que su administración tenga alguna responsabilidad en un presunto espionaje y ordenó una vasta investigación para determinar a los responsables de seguimientos ilegales a miembros de su equipo negociador de paz y a por lo menos dos políticos.
El caso de espionaje a correos electrónicos y mensajes de texto, entre otros, fue denunciado el lunes por la noche en un reportaje de la revista Semana, que ya en febrero del 2009 reveló un caso similar que desembocó en el desmantelamiento de un cuerpo policial secreto.
«La inteligencia es una obligación del Estado, del gobierno. Hacer inteligencia de forma lícita contra los enemigos del Estado es una obligación… (pero) lo que no es aceptable bajo ningún punto de vista es que esa inteligencia se haga contra ciudadanos legítimos…mucho menos contra funcionarios del Estado», dijo Santos a la prensa.
«Aparentemente se estaba haciendo inteligencia, específicamente a los negociadores…es algo totalmente inaceptable», añadió el presidente, quien no respondió preguntas.
Sólo destacó que tenía datos que indicaban que hace 10 días las autoridades allanaron el local desde donde supuestamente se realizaba ese espionaje. «¿Por qué se demoraron 10 días, porqué súbitamente anoche tarde se divulgó esta información y quien la filtró y con qué objetivo?», dijo Santos.
El mandatario dijo que ordenó al actual titular de Defensa Juan Carlos Pinzón y a los comandantes militares investigar completamente el caso.
«Eso es lo que quiero que se investigue…qué fuerzas oscuras, si hay ruedas sueltas dentro del Ejército», añadió al decir que aparentemente se buscaba era sabotear el proceso de paz que adelanta su administración con las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde fines del 2012 en Cuba.
De acuerdo con Semana, citando fuentes confidenciales, desde septiembre del 2012 a octubre del 2013 funcionó en un local comercial en Bogotá, que aparentaba ser un pequeño restaurante y centro de informática, un punto de acopio ilegal de datos al mando de un capitán del ejército, con personal uniformado y jóvenes civiles hackers que monitoreaban correos electrónicos y mensajes de texto de Humberto De la Calle, jefe del equipo negociador de paz de Santos.
También habría sido espiado el Alto Comisionado para la Paz y negociador, Sergio Jaramillo, así como la exsenadora y activista de derechos humanos Piedad Córdoba y el representante a la Cámara por el izquierdista partido Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, añadió el reporte de Semana.
Según la revista, muchos de los datos recolectados no serían relevantes porque los negociadores de paz del gobierno «lo importante no lo movían por mail o PIN».
Córdoba y Cepeda dijeron en entrevistas telefónicas con la AP que la denuncia debía averiguarse lo más pronto posible, que no les extrañaba ser objeto de seguimiento porque ya lo habían sido en el pasado y que el blanco era sabotear los diálogos de paz por parte de sectores interesados en mantener el conflicto armado interno.
Cepeda adujo que «o el gobierno estaba practicando una suerte de contrainteligencia sobre sus propios funcionarios o era ésta una operación que se estaba haciendo desde un sector disidente dentro de las fuerzas militares que actuaba contra el proceso de paz…»
«Uno de los asuntos que debe quedar claro (en la investigación) es si el expresidente Alvaro Uribe está detrás de esto para sabotear el proceso» de diálogos en Cuba, añadió el legislador.
Opinó además que el ministro de Defensa debiera renunciar por considerar inconcebible que no haya sabido lo ocurrido y «no tenga control sobre sus subordinados».
