La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (FEDECÁMARAS) anunció este martes que introducirá una demanda de nulidad contra la Ley de Precios Justos ante el Tribunal Supremo de Justicia.
El presidente de Fedecámaras, Jorge Roig explicó a Globovisión que esta normativa legal «no solo es inconstitucional, sino que va a agravar la situación económica del país», porque habrá «menos oferentes».
Los empresarios manifestaron su preocupación ante la ley por considerar que cualquier empresa, por es susceptible de ser expropiadas y hasta «saqueadas» bajo la figura de «utilidad pública». «Ningún negocio que usted tenga es suyo, es de utilidad pública, es decir, que el Gobierno puede saquearlo, expropiarlo o quitárselo en cualquier momento», añadió.
Roig agregó que «es una ley que crea muchísimos más controles y crea burocracia, le da poderes discrecionales a la Superintendencia, que tiene poderes discresionales y exagerados para fijar precios», dijo.
Sobre la ganancia de 30 %, Roig manifestó estar preocupado porque no conocen qué se va a tomar en cuenta en la estructura de costos.
«Los empresarios sabemos muy bien calcular la estructura de costo, lo que dudamos es que el Gobierno esté en la capacidad de hacerlo», indicó.
Roig llamó la atención sobre la obligación que por ley tienen las empresas para presentar una solvencia si quiere obtener dólares preferenciales. «Ya sabemos la tragedia por la escasez, imagínense lo que significa ir a buscar una solvencia para aspirar a dólares preferenciales. Esto será más perverso para la economía y esto lo que va a traer es una burocracia», agregó.
Aseguró que la ley restará estímulos a la producción y propiciará que haya menos oferentes. «Se ignoraron los comentarios del sector privado, lo que demuestra que no hay diálogo social. Esta ley viene a agravar el acceso a las divisas», acotó.
Esta acción legal fue aprobada por unanimidad por todos los agremiados en Fedecámaras, entre ellos, el sector industria, comercio, turismo y producción, entre otros, quienes esperan la actuación autónoma del máximo tribunal del país.
