Mediante decreto presidencial, publicado en la Gaceta de fecha 3 de febrero, que circuló este martes, el presidente Nicolás Maduro, dicta el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de Precios Justo sobre el régimen de supresión del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos (Sundecop).
El decreto presidencial Nº 759 establece las regulaciones aplicables al régimen de supresión del Indepabis y de la Sundecop, así como la liquidación de bienes y derechos, con motivo de la creación y puesta en funcionamiento de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-Económicos (Sundde), a cargo de Andreína Tarazón.
Además, quedó fijado el régimen de tradición mediante el cual se llevará a cabo la transferencia progresiva de competencia, bienes, derechos y obligaciones de los organismos en supresión.
La Junta Liquidadora, a partir de su designación, tendrá un plazo de seis meses para culminar el proceso de supresión.
La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socio-Económicos tiene como tarea la fijación de precios de acuerdo con la estructura de costos en todas las actividades económicas, con un porcentaje máximo de ganancia de hasta 30%, recalcó este lunes el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza.
Este organismo, vigilante de los derechos socio-económicos del pueblo venezolano, integra el recién creado Estado Mayor de Abastecimiento, compuesto además por los ministerios para Agricultura y Tierras, para la Alimentación, para Industrias y para la Economía, Finanzas y Banca Pública, y busca velar por la producción y distribución oportuna de los rubros principales para el país.
La Sundde está conformada por dos intendencias: La Intendencia de Costos, Ganancias y Precios Justos, a cargo de Karlin Granadillo, y la Intendencia de Protección de los Derechos Socio-Económicos, dirigido por Luis Alfredo Motta Domínguez. Ambas intendencia ya están activadas contra el acaparamiento y en pro de los derechos de los venezolanos y el cumplimiento de la Ley Orgánica de Precios Justos, para lo cual se han realizado diversas fiscalizaciones en todo el país.
