FARC proponen pacto humanitario que regule la guerra interna

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Las FARC propusieron al gobierno colombiano un pacto inmediato para regular la guerra interna, con normas de conducta humanitaria, al retomarse este lunes en La Habana las negociaciones para terminar un conflicto que ha dejado cientos de miles de muertos.

La guerrilla pretende un acuerdo de «regularización de la guerra» que establezca «mínimos humanitarios» de conducta entre las fuerzas beligerantes o «un cese bilateral de hostilidades entre las partes (…) con verificación internacional», según un comunicado leído a la prensa por el delegado de las FARC Pablo Catatumbo.

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La posibilidad de una tregua bilateral, planteada por las FARC desde el inicio de los diálogos hace 15 meses, ha sido rechazada de manera sistemática por el gobierno de Juan Manuel Santos, que no se sumó a ninguno de los dos ceses del fuego unilaterales decretados por la guerrilla.

Las guerras internacionales están reguladas por los Convenios de Ginebra -el primero fue firmado en 1864 bajo auspicio del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)-, pero siempre ha sido más complicado el respeto de las normas humanitarias en las guerras civiles y conflictos internos, según el propio CICR.

«Pactar unos ‘mínimos humanitarios’ (de comportamiento en el conflicto armado) resulta de involucrar, como es de elemental en el sentido común, a las dos partes que intervienen en el conflicto, es decir al gobierno y la insurgencia», expresó Catatumbo.

El jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, no formuló declaraciones a la prensa a su llegada al Palacio de las Convenciones.

El planteo de las FARC se produce tras una propuesta hecha el 25 de noviembre por el vicepresidente colombiano, Angelino Garzón, quien pidió a la guerrilla que acordara con el gobierno unos «objetivos mínimos humanitarios» para darle «mayor credibilidad y perspectiva» al proceso de paz.

Garzón pidió que las FARC dejaran de colocar minas antipersonales, pusieran fin al reclutamiento forzado de menores y pararan de atentar contra la infraestructura del país. Como contraparida, el gobierno debía comprometerse a «respetar la integridad física de todos los miembros de la guerrilla», según Garzón.

El conflicto armado colombiano ha dejado unos 600.000 muertos y unos tres millones de desplazados en medio siglo de duración.

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