Las noticias que han estado publicando en las tres últimas semanas, los medios de comunicación nacionales y regionales, reflejan la más gráfica y dramática demostración, que el país sigue rumbo al precipicio en caída libre, con el agravante de que las últimas decisiones adoptadas por el Ejecutivo, especialmente en el área económica, lejos de contribuir en la solución de los grandes problemas nacionales, se han convertido en un catalizador para precipitar la crisis.
Asimismo se ha venido poniendo de manifiesto, como todas las advertencias formuladas por la dirigencia de las principales organizaciones empresariales privadas, alertando sobre la profundización de la problemática que ha estado impidiendo al sector productivo nacional poder actuar con mayor eficiencia en los últimos años, se extendería irremediablemente en el primer trimestre del 2014, lo cual se ha venido presentando tal como fue pronosticado por Fedecámaras, Conindustria, Consecomercio, Cámara de la Construcción, Fedeagro, Fedenaga e incluso la Academia Nacional de Ciencias Económicas, se pronunció en varias oportunidades e incluso formuló sugerencias y recomendaciones para contribuir a reducir el impacto negativo de la situación planteada, pero ni siquiera hubo, por la más elemental norma de cortesía, una respuesta para los académicos.
El ejecutivo persiste en acusar al sector privado de estar involucrado en una “guerra económica” para desestabilizar las instituciones, asimismo que atentan contra el pueblo a través de la especulación y el acaparamiento, negándose a reconocer que es el Estado el propietario absoluto de las divisas que ingresan al país por renta petrolera, de los recursos provenientes de los impuestos que pagamos los venezolanos; que mantienen el monopolio del cemento, de la electricidad, de los bienes que producen las industrias básicas, pero además ha expropiado miles de empresas productivas, que luego de pasar a manos del Gobierno, no han sido capaces de mantenerse en el tiempo, y en su gran mayoría están paralizadas y generando pérdidas, tal como lo han reconocido en las altas esferas oficiales, lo que indica que es en el seno del propio sector oficial donde en verdad le están haciendo la guerra a la gestión gubernamental, pero esto al parecer no les provoca la menor inquietud.
Asimismo, entendiendo que el gran problema de la economía venezolana es el estancamiento de la producción nacional, debido principalmente a una errada política de controles, de cambios, de precios, que solamente contribuyen a generar distorsiones en el aparato productivo, a lo cual se suma una inflación indetenible que el año que acaba de finalizar superó el 56%, no existen acciones ni evidencias por parte del Ejecutivo orientadas a revertir estas tendencias; por el contrario, se continúan aprobando instrumentos como la nueva negativa para el proceso de desarrollo económico como la nueva Ley Orgánica de Precios Justos, instrumento que declara de utilidad pública e interés social todos los bienes y servicios requeridos para el desarrollo de las actividades de la producción, fabricación, importación, acopio, transporte, distribución y comercialización de bienes y prestación de servicios.
Tiene el Ejecutivo, a partir de la puesta en vigencia de esta normativa, la facultad de iniciar el proceso de expropiación de estos bienes y servicios, cuando haya detectado que se cometieron ilícitos económicos y administrativos, definición que estará en manos de los funcionarios de turno, lo cual por supuesto es otra señal negativa hacia los agentes económicos e inversionistas, creando mayor incertidumbre y alejando aún más las posibilidades de rescatar la tan necesaria confianza.
Devaluaciones virtuales
Por otra parte, de acuerdo con el criterio del experto que está al frente de la Vicepresidencia para el Desarrollo Económico, los ajustes que ha venido aplicando el Gobierno al tipo de cambio, al pasar de 4,30 Bs/$ a 6,30 Bs/$ y esta última semana la paridad será de 11,30 Bs/$, no constituyen devaluaciones de la moneda, sino simplemente “ajustes”, con los cuales el Ejecutivo desea lograr un uso racional a las divisas que son de todos los venezolanos.
Se empecina este funcionario, al igual que el presidente del Centro Nacional de Comercio Exterior, en responsabilizar a los “raspa cupos”, a los “cadivistas” y a quienes envían remesas al exterior, de la escasez de divisas que en estos momentos mantiene al país contra la pared, con deudas con la empresa privada superiores a los US$ 13.000 millones; con las empresas internacionales, por concepto de repatriación de capitales, por montos superiores a los US$ 12.000 millones, amén de las nuevas solicitudes que se han estado procesando y que a estas alturas del partido continúan esperando respuestas.
En ningún momento se recuerda que tanto el ministro de Planificación como la presidenta del BCV, para el momento, Jorge Giordani y Edmée Betancourt, denunciaron que se habían otorgado más de US$ 20.000 millones en forma alegre y sin ningún tipo de control a empresas de maletín, la mayoría de ellas vinculadas con el proceso revolucionario, pero esto ni siquiera ameritó una investigación por parte de la Contraría General y de la Fiscalía.
Para muchas naciones vecinas es inexplicable, cómo es que un país que ha recibo en los últimos años ingresos superiores a US$ 950.000 millones, con apenas 28.8 millones de habitantes, manteniéndose el precio del barril de petróleo en alrededor de los 100 $/Bl, haya elevado su deuda de US$ 60.000 a un monto superior a los US$ 110.000 millones sin ninguna justificación, además con unas reservas internacionales en apenas US$ 20.000 millones y unas reservas operativas precarias en apenas unos US$ 2.000 millones. Pero como siempre, no fue el Gobierno el que dilapidó las divisas, sino los “raspa cupos” y quienes envían las remesas al exterior.
Composición: Omar David Suárez
