La defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, cree que al considerar una posible libertad condicional para el comisario Iván Simonóvis, también hay que pensar en «las víctimas del 11 de abril».
En declaraciones ofrecidas este fin de semana la funcionaria del Poder Moral admitió estar consciente de la situación que enfrenta el llamado preso político. Sin embargo, opina que una liberación sería provocar «impunidad».
«Hemos venido haciéndole seguimiento» a la situación de salud de Simonovis, dijo. “Tienen que juzgarse los dos factores más importantes de este caso, como basta a la impunidad y libertad a los detenidos», agregó.
Simonovis padece de 19 patologías, siendo algunas de ellas, como la osteoporosis severa, varias hernias discales y dos discos fracturados, producto de los casi ocho años que pasó recluido en la sede del Sebin, en un celda donde no recibía luz solar. Podía salir y ejercitarse una hora a la semana, hasta que hace un año fue traslado a la cárcel de Ramo Verde.
También sufre diabetes, hipertensión, problemas digestivos y en julio del año pasado debió ser operado de emergencia con una perforación en su vesícula biliar producto de una infección que fue pasada por alto en una mala praxis médica. Tras ello, su defensa solicitó por tercera vez una medida humanitaria de libertad para poder tratarse todas las patologías que se han agravado.
Pese a la situación, Ramírez cree que se debe seguir la ley al pie de la letra. «La ley es clara y el juez tiene que atenerse a ella (enfermedad grave o terminal). Es importante que desde una perspectiva de derechos humanos tengamos una gran cantidad de seguros”, dijo.
«Antes de pensar en un amnistía política debe ponerse atención a las víctimas del 11, 12 y 13 de abril».
Cabe recordar, Simonovis, como ex secretario de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor, fue juzgado junto a los comisarios de la Policía Metropolitana, Lázaro Forero y Henri Vivas, y otros 11 funcionarios, como presuntos responsables en 3 de las 19 muertes que dejó la jornada del 11 de abril de 2009.
Los tres comisarios fueron condenados a 30 años de prisión por el delito de homicidio calificado en grado de complicidad corespectiva, como supuestos autores intelectuales de las muertes, en un juicio polémico por las reiteradas denuncias de violación de derechos procesales y parcialidad política de la jueza Marjorie Calderón.
