Las ganancias de las empresas no se pueden establecer por leyes, asegura el presidente ejecutivo de la Confederación de Industriales de Venezuela (Conindustria), Ismael Pérez Vigil, quien cuestiona las regulaciones contenidas en la Ley de Costos y Precios Justos, la cual establece topes para esta variable, que debe fijarse en función de la oferta y la demanda.
El dirigente empresarial, al ser consultado en torno al impacto de la nueva normativa, señala como ejemplo, que en el momento en que lleguen los funcionarios de fiscalización a alguna empresa ¿en base a qué criterios van a determinar que los precios son justos, cómo son calculados?, señalando que pareciera ser una medida de carácter efectista.
Ratifica que la realidad es que sin divisas el país se va estancando, paralizando, de manera que si se produjera la entrega masiva de divisas en estos momentos, el proceso de reactivación de la economía se demoraría algún tiempo, por cuanto los procesos industriales no se producen de la noche a la mañana, es necesario obtener las materias primas, producir y luego comercializar colocando los productos al alcance de los consumidores.
Considera que las demoras en los pagos a los proveedores, ha traído como consecuencia que estén condicionando la continuación de suministros al pago de las deudas pendientes, advirtiendo que esto afectará las posibilidades de producir y regularizar el abastecimiento.
Niega la existencia de una guerra económica por parte de la empresa privada, asegurando que lo que existe es la aplicación de un modelo económico que ha fracasado en todo el mundo, que solo genera largas colas, escasez y racionamiento, indicando que esta es la verdadera guerra económica.
Recuerda que en los últimos 15 años se ha destruido el 40% de los parques industriales en el país, indicando que las empresas que aún subsisten, no cuentan con las materias primas e insumos para producir.
Plantea nuevamente la necesidad de que el Gobierno dé a conocer el listado de aquellas empresas que recibieron divisas, indicando que la empresa privada no tiene nada que ocultar, por cuanto debe cumplir con una serie de requisitos para solicitar las divisas, donde participan diversos organismos del Ejecutivo, a la vez que advierte en torno a la inconveniencia de desconocer la deuda pendiente con el sector privado, ya que en el sector oficial conocen cuáles son las empresas de maletín, señalando que este desconocimiento profundizaría la desconfianza y la inseguridad jurídica para el futuro y paralizaría las inversiones.
