Durante la sesión ordinaria del Consejo Legislativo del estado Lara correspondiente al día jueves, el vicepresidente del órgano parlamentario regional, Luis Contreras, solicitó una moción de urgencia para exponer una serie de denuncias formuladas por trabajadores de Hidrolara, en torno a presunto incumplimiento de reivindicaciones laborales.
“Presentamos una moción de urgencia a fin de tratar la situación que existe en Hidrolara, referente a los pasivos laborales de los trabajadores, quienes han manifestado que la corporación regional no les ha honrado el pago del fideicomiso, el Seguro Social Obligatorio, pensiones y jubilaciones, el régimen especial de empleo y el fondo de ahorros”, señaló el legislador oficialista.
“Asimismo, informan que no se les dota de uniformes e implementos de seguridad. También expresan que la flota de movilización está paralizada. Todo esto afecta a los empleados de la Hidrológica, pese a que el año pasado este Consejo Legislativo les aprobó 71 millones de bolívares para atender compromisos laborales”, prosiguió.
Contreras apuntó que “la responsabilidad de todo esto recae sobre la presidenta de la institución, Adriana Díaz, sobre quien pesan numerosas denuncias por la ineficiencia que demostró en el cargo que ocupaba.
Verificamos que el problema dentro de esta empresa no es deficiencia de recursos, sino ineficiencia en la gestión. Pudimos constatar que la Hidrológica del estado dispone de 532 millones 995 mil 186 bolívares en su presupuesto para honrar sus compromisos”.
Por otra parte, el parlamentario se refirió a la sentencia emanada desde el Tribunal Contencioso Administrativo con fecha el 27 de noviembre de 2013, “donde se le ordenó al gobernador Henri Falcón destituir de su cargo a Adriana Díaz”.
En tal sentido, Contreras señaló que “el ciudadano gobernador se sigue burlando del Poder Judicial y del pueblo de Lara, por cuanto tenemos conocimiento de que Díaz sigue percibiendo remuneración como presidenta de la Hidrológica. Tenemos documentos que prueban que tanto el 15 de diciembre de 2013, como el 15 de enero de 2014, esta funcionaria cobró su sueldo”.
Tras la deliberación, la mayoría oficialista del parlamento regional decidió remitir el caso a la Comisión Técnica Permanente de Servicios Públicos, presidida por el diputado Orlando Miranda, que luego de estudiar el caso durante un lapso mínimo de 30 presente un informe que será considerado por la plenaria.
