Ayer, pasadas las once de la mañana, el director general de la alcaldía de Iribarren, José Ignacio Guédez, introdujo ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Región Centroccidental un documento mediante el cual se denuncia a la ex alcaldesa Amalia Sáez de haber cobrado indebidamente la suma de un millón 567 mil 566 bolívares con 78 céntimos por concepto de prestaciones sociales correspondiente al lapso del 4 de diciembre del 2008 hasta el 30 de noviembre del 2013, cuando ya tenía un permiso para ocupar un cargo en Caracas.
Según los cálculos estimados como correctos, lo que ha debido cobrar la mencionada funcionaria son 275 mil 583 bolívares con 32 céntimos.
En consecuencia, debe devolver a las arcas del municipio la cantidad de un millón 297 mil 238 bolívares con 75 céntimos.
Amalia cobró más de 5 veces y medio sus prestaciones
Guédez, en declaraciones suministradas a los periodistas en la plaza de la Justicia, frente al edificio nacional (hoy Palacio de Justicia), expuso que Amalia Rosa Sáez de Sanquiz ordenó que en su liquidación se incluyeran las prestaciones sociales en su condición de jubilada del Ministerio de Educación desde el 1 de octubre de 1979 al 30 de noviembre de 2013, incluyendo el tiempo que ejerció como alcaldesa, lo cual constituye un hecho irregular, tomando como base del cálculo los que devengaba como primera autoridad del municipio.
La acción devoluntiva, explicó, tiene como objetivo que esa funcionaria, al igual que Carlos Guillermo Pereira Ávila, ex director de recursos humanos; y Raúl Mendoza, ex síndico municipal, devuelvan lo que cobraron de más, para que ese dinero sea utilizado por el municipio en obras y servicios. Lo correcto es haber cobrado 136 mil 492 bolívares con 82 céntimos y, en consecuencia, se llevó de más 925 mil 271 bolívares con 75 céntimos, que debe reintegrar a la caja del municipio.
En el caso de Pereira, éste estimó sus prestaciones en 991 mil 764 bolívares con 10 céntimos cuando sus prestaciones realmente alcanzan a 136 mil 492 bolívares con 82 por sus funciones desde el 15 de abril del 2009 hasta el 30 de noviembre del 2013 Aún más, esa liquidación fue doble, al igual que Amalia Sáez, incluyó su tiempo en el Ministerio de Educación como pago de jubilación especial.
Al ex síndico se le acusa de haber cobrado ilegalmente 279 mil 200 bolívares con 39 cénbtimos cuando realmente le correspondía la cantidad de 97 mil 55 bolívares con 82 céntimos, lo cual quiere decir que debe devolver 182 mil 144 bolívares con 57 céntimos.
Los tres montos que deben devolver alcanzan a 2 millones 404 mil 654 bolívares con 60 céntimos. Esa suma es equivalente a 735 salarios mínimos o lo que es lo mismo 60 años de trabajo continuo de un trabajador promedio. Con ese dinero se pueden recoger 4 mil toneladas de basura.
La alcaldesa se autojubiló
José Ignacio Guédez calificó como fraudulentos los cobros de los tres ex funcionarios de la alcaldía. El cálculo fue “inflado”.
Amalia abusó del poder. Pidió que la ex alcaldesa le cobre al Ministerio de Educación los años de servicio. Fue irregular que para cobrar su liquidación se tuvo que jubilar primero. Si ella se autojubiló el 6 de diciembre del 2013, ¿cómo es que después firmó el traspaso del Bosque Macuto? ha sido la única alcaldesa que en el ejercicio del cargo se jubila antes de tiempo para cobrar la jubilación. Si ella hizo eso, quedó la alcaldía en ausencia absoluta. Ya no era el permiso de separación del cargo.
