Hoy se cumple el lapso para que la Gobernación del estado Lara cancele la homologación de los salarios a los educadores, de no hacerlo, el dinero deberá ser regresado al fisco nacional y el magisterio tendrá todo el derecho de ir a huelga.
Así lo indicó Nelson Pereira, coordinador centroccidental del Ministerio del Trabajo, quien explicó que el pliego conciliatorio que mantenía la Inspectoría tendrá que pasar a huelga.
“La Gobernación indicó que necesitaban para poder pagar la homologación de noviembre y diciembre 42 millones 890 mil 464 bolívares y tienen una disponibilidad de 49 millones. No entendemos por qué no realiza el pago pues tiene los recursos de sobra”.
“El Gobernador está atentando contra los educadores regionales y debemos solicitar una investigación a través del CLEL y los órganos competentes, por presentarse una violación flagrante a los derechos de estos trabajadores contemplado en la Constitución como en la LOTTT”.
En total son 5 mil 814 educadores sin contar los incluidos en Fundaescolar que representan 3 trabajadores más, institución que ya debía estar dentro de las nóminas de la Gobernación.
“La homologación es para todos los docentes y Fundaescolar forma parte de ellos. Ya la Gobernación desacató un Auto de la Inspectoría de la homologación de salarios que actualmente están en 1.253 y 1.567 Bs, ni siquiera salario mínimo, violando la ley”.
Indicó que la única opción que le queda a los trabajadores es la huelga y la apertura de un pliego conflictivo como única herramienta.
“Es una burla del Ejecutivo, porque tiene los recursos y prefiere que se devuelvan al fisco y los trabajadores no reciben su dinero. Tampoco solicitaron esos recursos en el presupuesto del 2014”.
Desmejorados
Por otra parte, Pereira destacó la situación de las alcaldías de Iribarren, Jiménez y Palavecino, de las cuales han recibido una serie de trabajadores denunciando la desmejora de sus puestos de trabajo.
Son 100 por parte de la Alcaldía de Iribarren, 50 de Palavecino y 17 de Jiménez, a los cuales se les ha obligado renunciar a su militancia política y se mantiene un acoso permanente para poder firmar sus contratos, indicó el coordinador.
“Solicitaremos una investigación a los jefes de recursos humanos por persecución y acoso laboral por ser militantes del Psuv”.
Recordó que las ejecuciones de reenganche que sean omitidas, acarrean sanciones penales que van desde los seis meses de prisión.
“Hacemos un exhorto al Ejecutivo regional como a estas Alcaldías que han estado despidiendo trabajadores, que utilizaremos las atribuciones que nos da la Ley para resguardar a estas personas”.
En los medios
Asimismo, se refirió a la situación de los trabajadores de los medios impresos a los cuales aseguró que sus puestos de laborales estaban garantizados.
“Seguramente ya les resolverán el problema del papel para que sus labores continúen. Pero en caso contrario, los trabajadores no podrán ser despedidos, desmejorados ni reducido su salario. Ellos no son culpables de las transacciones administrativas de la empresa de medios de comunicación, ellos deben gestionar con tiempo de antelación estos recursos para la adquisición de su materia prima y sabemos que el Gobierno está haciendo todas las diligencias para que se entreguen estas divisas solicitadas”.
“Acompañamos la preocupación de los trabajadores de la prensa y tienen todo nuestro respaldo. La situación será solventada, los medios seguirán trabajando”.
