La directiva de los Fondos de Pensiones y Jubilaciones de las Universidades Nacionales (Fondunive) están alertas por las medidas de la Contraloría General de la República (CGR) que ordenó su disolución y distribuir el patrimonio a la tesorería nacional, una institución que todavía no ha sido creada en el país.
En este sentido, el coordinador de Fondunive y vicerrector administrativo de la Universidad de Carabobo, José Ángel Ferreira, anunció que esta medida es ilegal y contradictorio con la Constitución, la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social (Losss) y la Ley de Universidades.
“Todos sabemos que el régimen de pensiones y jubilaciones es de carácter contributivo y universal, no pertenece a ninguna persona en forma individual sino que es para el bienestar colectivo, particularmente para pensiones y jubilaciones”, expresó.
Afirmó que la eliminación de los fondos de jubilaciones y pensiones de varias universidades autónomas, por orden de la Contraloría General de la República, ha desatado preocupación en el gremio profesoral al considerar que la medida transgrede sus derechos y pone en riesgo el futuro de sus beneficios sociales.
«Este es un ente privado, por lo tanto la Contraloría General de la República no tiene la autoridad para intervenirlo. Las únicas personas que pueden modificar los estatutos y cerrar un fondo de pensiones, son los mismos profesores universitarios», precisó.
Ferreira advirtió que responderán legalmente mediante un recurso que ejercerán contra la Contraloría, y crearán un frente nacional en defensa de los fondos de los profesores.
Anunció que la discusión también se llevará al seno de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), en reunión con la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), a fin de proteger los derechos e intereses de los docentes.
Los Fondos de Jubilaciones fueron creados en 1977 por resolución del Consejo Nacional de Universidades para cancelar las pensiones, pero debido a la imposibilidad de cumplir este objetivo, se dedicaron a la seguridad social de los profesores.
«Este organismo se alimenta con 4% de aporte del profesor y 4% del Gobierno, como parte de los acuerdos en las actas convenios», explicó Ferreira.
Concluyó haciendo un llamado a las autoridades para que rectifiquen con las decisión tomada y no se metan con un patrimonio que ya forma parte de las principales casas de estudios del país.
