Delincuencia

A propósito del horrendo asalto de carretera en el que murieron a manos de delincuentes la actriz y Miss Venezuela Mónica Spear y su esposo, y en el que fue herida su pequeña hija, es conveniente analizar las reacciones del Gobierno y de la oposición ante tales hechos.
En un primer momento, el Gobierno adoptó una actitud defensiva, que se expresó en el llamado a que no se  politizara lo ocurrido. Al reaccionar de esta manera, se apartaba de su propia interpretación de los acontecimientos que tienen lugar en las sociedades e intentaba distanciarse de la parte de responsabilidades que le corresponde.
Una mala respuesta, porque obviamente el control de los delitos, bien sean robos, crímenes, tráfico de drogas o secuestros, es una función que le corresponde en primer término al Estado. En consecuencia, es una acción de naturaleza política. Abarca elementos culturales y sociales, así como la normativa legal, el funcionamiento de los tribunales, el sistema carcelario y la prevención y represión policial. Las actuaciones y el tipo de planes que se elaboren para detener la criminalidad dependen de la visión que tengan quienes dirigen el Gobierno y de su capacidad de gestión.
Lo ocurrido ha puesto en evidencia las gravísimas fallas, fracasos y déficits que existen en las políticas de seguridad pública. Ciertamente, la respuesta de Nicolás Maduro fue más enérgica (“No aceptaremos que sigan matando al pueblo”; “estamos en deuda con la seguridad con el pueblo”) que en el pasado. Vale destacar que se he hecho un esfuerzo por integrar a todos los gobernadores y alcaldes en la iniciativa anunciada del Plan de Pacificación, que busca combinar la “mano de hierro” con otras políticas que abarcan aspectos decisivos generadores de violencia. Está por verse si efectivamente se le da un vuelco a la situación.
En cuanto a la oposición, algunos sectores de ésta han exigido políticas públicas más contundentes, lo cual es natural y hace parte de la dinámica del juego dentro del sistema: hacer críticas y propuestas. Sin embargo, otros sectores muy influyentes no han apuntado hacia la necesidad de mejorar la gestión pública sino que intentan establecer una correlación entre delincuencia y las políticas de cambio social y de redistribución del ingreso adelantadas por el Gobierno.
A sus ojos, se le ha dado demasiada participación a las clases populares y atribuyen a esto el aumento de los delitos, al tiempo que realizan una amalgama en la que el delincuente es asimilado al conjunto de la población de bajos recursos. En fin, encono social de las clases altas, que predican que no  puede haber orden sino en un mundo de servidumbres. No comprenden que las desigualdades sociales son un caldo de cultivo de la violencia y que, en consecuencia,  es necesario continuar haciendo esfuerzos  para superar la exclusión y los anti valores culturales que ella genera. Que nada se avanza criminalizando la pobreza y que no basta con mejorar las indispensables políticas de represión policial.