El alcalde de Bogotá, el izquierdista Gustavo Petro, consiguió un punto a favor este jueves, luego de que el Tribunal administrativo de Cundinamarca suspendió el proceso de destitución e inhabilidad que cursa en su contra desde diciembre pasado.
«El tribunal ha emitido dos fallos en los que determina que la destitución ordenada por la Procuraduría (ente de control disciplinario de los funcionarios públicos) vulnera los derechos políticos de los ciudadanos y del alcalde. Es una excelente noticia», dijo a la AFP Luis Eduardo Parra, abogado de Petro.
El abogado explicó que el tribunal decidió sobre el fondo de dos medidas de amparo diferentes. En una de ellas determinó que la sanción de la Procuraduría vulneraba los derechos políticos de los ciudadanos y el alcalde, y en la otra que la Procuraduría no tiene competencia para decidir la destitución.
«Obviamente, la Procuraduría va a apelar, y el caso se resolverá en segunda instancia, en el Consejo de Estado», señaló Parra.
El Consejo de Estado es la máxima instancia de justicia administrativa en Colombia.
Traas conocer el fallo, la Procuraduría anunció que lo impugnará.
«Respetuosa de las decisiones judiciales y convencida en la institucionalidad colombiana, la Procuraduría General de la Nación, en los términos y normatividad previstos por la ley, presentará ante el honorable Consejo de Estado la impugnación correspondiente», señaló en un comunicado público
Por el caso de la sanción contra Petro han sido introducidas mas de una treintena de medidas de amparo ante la justicia.
Poco después de conocida la decisión judicial, Petro se felicitó en un mensaje en Twitter: «Tenemos una victoria democrática transitoria pero valiosa. La justicia y la multitud detienen la tiranía. Viva la paz y la democracia», escribió.
El fallo de la Procuraduría había provocado masivas manifestaciones de respaldo a Petro en Bogotá en diciembre pasado, que se han repetido también en enero.
Petro, un exguerrillero y economista de 53 años, fue elegido para gobernar Bogotá de 2012 a 2016. Sin embargo, la Procuraduría, le sancionó el pasado 9 de diciembre con destitución e inhabilitación por 15 años, en un caso de dolo en el manejo del sistema de recolección de basuras.
Según la Procuraduría, Petro «cometió tres faltas disciplinarias gravísimas», dos de ellas a título de dolo, al modificar a fines de 2012 el sistema de recolección de basura, que pasó de ser una concesión adjudicada a compañías privadas a estar manejado por la empresa pública de aguas.
El alcalde llevó su caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero este organismo aún no se ha pronunciado.
