Ahora en las calles de Venezuela se cuentan más muertos que vivos.
Se trata de un parte de guerra que se observa principalmente los fines de semana, cuando toman espacios en los libros rojos de los cuerpos de seguridad, y se reseñan en las páginas de sucesos de los medios de comunicación impreso. Esto sin resultar menos importante el trágico dolor de las familias enlutadas y el gasto millonario que les acarrean los actos fúnebres, en medio de la crisis económica que golpea a los ciudadanos.
La realidad en Lara no es particular, sino asombrosa. Más de medio centenar de crímenes contabiliza la primera quincena de enero, entonces no es una exageración lo planteado, las cifras en aumento hablan por sí solas.
Estos resultados encajan en lo irónico. Por un lado el gobierno nacional y gobiernos regionales llevan años empleando propaganda sobre planes de seguridad, pero inexplicablemente continúan las matanzas.
¿Organismos y delincuentes andan separado?
Sin embargo, una nueva acción contra los delitos se intenta desde el Ejecutivo nacional.
Plan de Pacificación Nacional es el nuevo nombre que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio a esta idea que lanzará este sábado 8 de febrero. Con el mismo pretende llenar de paz al país, que incluye un redimensionamiento de las policías, importantes procesos de cambio en el sistema judicial venezolano, en el sistema penitenciario y la incorporación de todos los sectores de la sociedad al combate contra la violencia.
Adelantó que este plan servirá para el establecimiento de los territorios de paz, al construirlos entre las comunidades y familias de paz. Invitó a que cada quien se revise si su familia es de paz. El Plan Patria Segura no desaparecerá, por el contrario, será reforzado y expandido.
Dicho esto, la sociedad reflexiona y la asalta la duda, fundamentada en tantos planes de seguridad que no han resuelto el problema, por lo que se pregunta ¿Qué diferente tiene este Plan al resto, para ahora estar seguros de vivir en un país lleno de paz?
El desarme es la clave
Para el abogado penalista Pedro Troconis, el desarme es la clave para detener la criminalidad en Venezuela.
“Aquí se habla de desarmar a la población porque hay exceso de armas ilegales en la calle, cuya responsabilidad es del Estado”, admitió.
No obstante, acotó que el desarme no debe estar dirigido contra quienes poseen el respectivo permiso de porte avalado y evaluado por el Estado, como comerciantes, empresarios o cualquier particular.
Precisó que el gobierno debe tener claridad respecto a cuales sectores de la población quiere desarmar, y para ello tiene que ingresar a todas las barriadas con proyectos y planes concretos, porque es allí donde existen cualquier cantidad de armas no autorizadas ni registradas. Ejemplificó que si Brasil pudo desarmar a personas al internarse en sus favelas (barrios) bajo el gobierno del ex presidente Lula da Silva, por qué no lo ha podido hacer este gobierno que lleva 14 años en el poder.
En tal sentido, cree que si de manera decisiva en Venezuela el gobierno emplea sus fuerzas y entra en los sectores con mayor índice de inseguridad, no solamente a quitar armas, sino a desarticular peligrosas bandas dedicadas al narcotráfico, robo, robo de vehículos, tráfico de armas, sicariato, secuestro, extorsión y homicidios, entre otros, la historiacambiaría hacia la pacificación en las barriadas. Otro elemento vital para conseguir caminos de erradicación de la delincuencia en las barriadas es hacerle un minucioso seguimiento a los hechos para determinar la procedencia de las armas y droga, y no concluir en un simple patrullaje.
Habló que a estos planes de seguridad del gobierno le ha faltado un mecanismo para llegar hasta la cabeza de esos grupos delincuenciales y así eliminar a la organización de raíz.
Incoherencia en el discurso
El doctor Troconis expuso que el gobierno es incoherente cuando intenta un modelo de pacificación en Venezuela y de tranquilidad social, pero por otro lado sigue utilizando un lenguaje violento y amenazante.
Consideró que precisamente es el gobierno el primer obligado en dar ejemplo de pacificación, borrando de su discurso insultos como “majunche, oligarca, antiimperialista y apátrida”.
Recordó que el Plan Patria Segura no le ha funcionado a esta revolución toda vez que se cuentan más de cincuenta asesinatos en lo que va de mes, y cada día aumentan en las calles los crímenes, lo que mantiene encerrada a las personas en sus casas después de las seis de la tarde.
Cuidado al hablar de impunidad
La impunidad se tiene que manejar con cuidado, ya que aplica tanto para las víctimas como para los presuntos victimarios.
“Aquí se habla del tema de la impunidad cuando se libera a una persona presuntamente señalada de haber cometido un hecho punible, pero hay que tener en cuenta hasta que punto no se utilizó la justicia penal para procesar a una persona que no tenía ningún elemento en contra para procesarse, y sin embargo estuvo un detenido.
¿Qué está pasa con los tribunales y el ministerio público? “Para evitarse una alharaca colectiva ante un caso de conmoción, prefieren, sin analizar previamente que no hay suficientes elementos de convicción para privar de libertad a alguien o llevarlo a juicio, simplemente presentan acusaciones en su contra, piden privativa de libertad y lo llevan a proceso, pero cuando le corresponde el juicio evidentemente es absuelto al no tener pruebas que lo responsabilicen”.
Insistió que por este motivo los familiares de la víctima comienzan a hablar de impunidad, porque hubo las fallas de investigación, puesto que el fiscal actua bajo presión colectiva y no a causa de una averiguación seria y de fondo que conlleve a un sentencia justa.
En este sentido, Troconis adujo que uno de los casos más recientes que pudiera guardar similitud con este apresuramiento del ministerio público en las investigaciones por presión colectiva es el caso Spear-Barry, del cual en tiempo récord se detuvo a siete presuntos responsables, quizás tratando de tapar el escándalo, porque no se ha encontrado el arma incriminada y otros elementos. Sostuvo que con el transcurrir del tiempo estas personas seguirán detenidas, pero cuando nadie hable del caso Spear-Berry podrían resultar absueltas por falta de pruebas.
Normas ajustadas a Venezuela
Tanto el Código Orgánico Procesar Penal y el Código Penal son normas ajustadas a la situación real del país, afirmó.
El retardo procesal está de parte de los jueces en querer asumir las obligaciones y responsabilidades encomendadas por el Estado, y respetar los lapsos procesales, bien sea para condenar, absolver e investigar, esto hace que no se genere más violencia.
Sentenció que ante estos hechos es el Tribunal Supremo de Justicia el vigilante de estas desviadas actuaciones de algunos jueces, al margen de la Constitución y leyes penales, así como de los presidentes de los circuitos judiciales penales del país, pese a la independencia de los jueces. Otro problema es el irrespeto de los directores de centros penitenciarios que no trasladan a los detenidos a los tribunales a efecto de ser juzgados, lo que constituye retardos procesales y una burla para las víctimas, consideró.
La tv no es problema
Para la psicóloga clínica larense, doctora María Auxiliadora de Posadas, si bien la televisión abierta y por cable en Venezuela debe mejorar sus programas y adaptarlos a horarios aptos para los niños y adolescentes, no es la causa de la violencia en Venezuela.
“Los niños ven más televisión como consecuencia de la violencia porque no pueden salir a la calle por temor a la inseguridad”, dijo.
Señaló que la violencia como cualquier conducta humana es difícil eliminarla, pero el gobierno sí puede contribuir a minimizarla empleando programas deportivos, culturales y educativos, entre otros que incorporen a los niños y adolescentes y los aparten del ocio. Indicó que desde Argentina hasta Canadá se ven los mismos canales que en Venezuela y no se vive la misma violencia, puesto que las cifras de crímenes son bajas en los reportes de dichos países.
