La organización de derechos humanos Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), alertó sobre la incidencia negativa de la tendencia al asesinato de funcionarios policiales que se registra en el país.
«Si las autoridades competentes no ven un problema en esta realidad, tales muertes van a devenir en graves violaciones a los derechos humanos por parte de los funcionarios adscritos a los cuerpos de investigación penal en nuestro país, ya que difícilmente los que segaron la vida de miembros ligados a los distintos entes policiales no se enfrentarán a los mismos al momento en que culmine la investigación y se proceda a las debidas detenciones», manifestó la ong.
La alerta está contenida en el informe anual de la organización sobre la situación en 2013.
El director nacional del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, José Gregorio Sierralta, ofreció una rueda de prensa el pasado 10 de enero para decir que para el corriente de 2014 ya habían sido abatidos 20 presuntos criminales durante enfrentamientos con los uniformados.
«Atendiendo al llamado del Presidente de la República a estar en la calle actuando con mano de hierro han resultado abatidos varios criminales», dijo el comisario en esa oportunidad.
Apatía
En su informe, Fundepro indicó que el número de bajas entre agentes de seguridad a manos del hampa (incluyendo policías, militares y agentes privados) alcanzó la cifra de 295 agentes en 2013. Ello representa sólo un poco menos del saldo final de la violencia que se desató en 2012, cuando 359 agentes fueron asesinados por delincuentes, en buena parte de los casos con el fin de robarles sus armas asignadas.
«No nos gusta saber que los policías violen derechos, pero tampoco hacemos nada por darles un mejor tratamiento a los derechos que tienen como seres humanos «, advirtió el informe.
«No entendemos cómo la situación de nuestra policía como institución es de múltiples carencias, con recursos cada vez insuficiente y menos estimulada», señala el informe.
Como posibles paliativos, la organización civil propone la consideración de medidas como, por ejemplo, «aumentar penas a quienes asesinen o lesionen miembros de las fuerzas policiales o armadas, más aún cuando se está en el cumplimiento del servicio».
