Por violar los derechos al debido proceso y a la salud del ex comisario Iván Simonovis, el abogado defensor José Luis Tamayo denunció a la jueza 1° de Ejecución del estado Aragua, Ada Marina Armas.
A su salida de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, explicó que la solicitud de sanción se refiere a la conducta «irresponsable y dilatoria» de la jueza al no dar respuesta, en el lapso procesal determinado, a una solicitud de traslado a una clínica privada donde debían practicarle una nueva ronda de exámenes médicos al preso político.
«La denunciada ha adoptado una conducta dilatoria y denegatoria de justicia, que constituye una flagrante violación de disposiciones contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República, que garantizan el derecho a la tutela judicial efectiva, al igual que al debido proceso“, precisó el documento consignado por el representante legal.
La realización de nuevas evaluaciones clínicas, esta vez en un centro de salud privado, fue ordenado por la propia jueza, como respuesta a la evaluación practicada por médicos forenses oficiales. El trámite es un requisito impuesto por Armas para decidir la medida humanitaria de libertad que solicitó la defensa de Simonóvis hace seis meses.
El pasado 17 de diciembre la administradora de justicia recibió la respuesta por parte de los abogados defensores, con el nombre y lugar de consulta de los médicos de confianza que deberían examinarlo, en lugar de responder ordenando el traslado, se fue de vacaciones y no ha dado despacho hasta la fecha.
“La juez ha cometido la peor decisión que puede tomar un administrador de justicia que es no decidir“, concluyó Tamayo.
De acuerdo con la denuncia, Armas estaría «infringiendo ostensiblemente sus deberes de garantizar que los actos procesales se realicen conforme al debido proceso, igualdad ante la ley, respeto de los derechos, garantías constitucionales y legales y de impartir justicia de manera oportuna y expedita, sin dilaciones indebidas, que le imponen los artículos 11 y 12 del Código de Ética del Juez Venezolano y Jueza Venezolana“, agregó.
El ex funcionario de seguridad condenado por el caso del 11 de abril padece de 19 patologías, producto de su reclusión en una celda de 3 metros por 3 sin acceso a luz solar donde estuvo por casi 8 años. Las más alarmantes son osteoporosis severa, cinco hernias discales, dos discos de la columna fracturados, lumbalgia mecánica, deficiencia severa de vitamina D y síndrome del túnel carpiano, informó su abogado.
