El gobierno anuncia con retraso u omite algunas cifras y datos de interés nacional e internacional, como inflación, escasez y homicidios, algo que economistas y ONGs atribuyen a una “cultura de la opacidad” que afecta al derecho de información de los ciudadanos.
“El acceso a la información pública está envuelto en la opacidad, en el ocultamiento de la información, en el silencio deliberado de datos e informaciones oficiales que en algunas ocasiones no se corresponden con la realidad”, denunció a la AFP Luisa Torrealba, coordinadora del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), en Caracas.
El retardo en la divulgación del índice de inflación en noviembre y diciembre y la omisión del dato de la escasez llevó a un grupo de economistas identificados con la oposición a divulgar un comunicado exigiendo al Banco Central de Venezuela (BCV) la publicación de las cifras.
“Es altamente preocupante que se prive a los analistas y a los ciudadanos venezolanos del acceso a la información, tal como se contempla en la Constitución vigente (…). Eso a quien más daño hace es al país, pues aumenta la falta de transparencia en la gestión de asuntos públicos”, señala el documento suscrito por 27 economistas.
El texto, además, advierte que la divulgación tardía e incompleta de la inflación a finales de 2013 -coincidiendo con una ola de fiscalizaciones emprendida por el gobierno para bajar los precios en los comercios- “comienza a generar dudas sobre la fiabilidad de las estadísticas, hasta ahora nunca cuestionadas”, del BCV.
Una fuente del emisor explicó a la AFP que no hay orden “todavía” de difundir los datos completos sobre inflación de noviembre y diciembre, a pesar que la normativa estipula que deben ser publicados durante los primeros diez días de cada mes.
José Guerra, uno de los que suscribe el comunicado, dijo que la omisión o retardo de estadísticas se ha extendido a varios organismos del Estado, y citó los casos de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), las empresas estatizadas durante la última década y los balances fiscales aportados por el Banco Central.
“No hay cifras fiscales del año 2012. El BCV tiene un año de atraso en sus principales indicadores económicos, como el déficit fiscal. Cadivi (el recién desaparecido organismo regulador de divisas) no publicó sus cifras de 2013, y hay retrasos en los informes financieros de PDVSA”, agregó Guerra, exdirector del ente emisor, a la AFP.
El laberinto informativo
Otros casos son los del Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden) y otros fondos financieros creados por el chavismo, alimentados por millonarios recursos de la bonanza petrolera y usados por el presidente a discreción, sin auditoría, para impulsar “proyectos estratégicos”.
“Estamos en una especie de laberinto informativo”, apuntó Guerra.
Transparencia Venezuela, filial de la ONG Transparencia Internacional, denunció la existencia de una “cultura de la opacidad” en el acceso a la información pública en su último informe anual.
El trabajo, fechado en 2012 pero que mantiene vigencia según voceros de la organización, contabiliza la creación de 22 “leyes y normas de opacidad” por parte del Ejecutivo que imponen “distintas barreras generadas por los poderes públicos que impiden o limitan a los ciudadanos acceder a la información”.
“La opacidad parece ser la norma”, consideró Torrealba, citando como ejemplo la creación en octubre del Centro Estratégico de Seguridad de la Patria, organismo que responde exclusivamente al presidente, con la potestad de declarar la información reservada y obligar a todas las instituciones a proveer información cuando crea necesario.
Otro caso citado por el Ipys es el cierre de la oficina de prensa de la sede de la policía Científica desde 2003, impidiendo a los periodistas conocer el balance oficial de homicidios cada semana.
Las restricciones al acceso generan datos contradictorios entre las cifras aportadas por las ONG y las oficiales.
El ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, desestimó en diciembre los datos difundidos por la ONG Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), que colocó en 79 por cada 100.000 personas la cifra de muertes violentas en Venezuela en 2013, unas de las más altas de la región.
Torres ubicó en 39 por cada 100.000 habitantes el número de homicidios y acusó a los directivos de la OVV de ser “actores políticos”.
La opacidad “está afectando a los derechos fundamentales de los venezolanos, como el derecho a la salud, a la vida, al no poderse conocer datos importantes sobre enfermedades, por ejemplo de H1N1”, explicó Torrealba.
Mientras tanto, continúa pendiente desde 2012 la discusión en la Asamblea Nacional de la Ley sobre el Derecho al Acceso a la Información Pública.
